Un paso atrás. Eso es lo que han dado las relaciones entre los vendedores ambulantes y el concejal de Mercados, Alberto Astorga, después de que en la última reunión y tras varios desencuentros --que acabaron con los vendedores protestando en la calle-- pareciera que se habían recompuesto.

La nueva brecha se ha abierto a causa del recargo que se ha aplicado a las tasas. Los vendedores ambulantes aseguran que Astorga se "comprometió" a que solo se aplicaría una penalización del 5% a quienes no las hubiesen abonado dentro de plazo --medida que adoptaron en señal de protesta al creer "abusivo" este impuesto--, pero los recibos están llegando con el 10%.

El presidente y el vicepresidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes de Extremadura (Acaex), Juan Antonio Mejías y Juan María Almeida, respectivamente, acusaron ayer al concejal de "incumplir" su palabra y se quejaron de los perjuicios que ello conlleva para la economía del colectivo en un momento de crisis. "Hemos pasado de pedir una rebaja en las tasas a pagar un 10% más", lamentaron.

Además, reprocharon que de los más de 252.000 euros que recauda el ayuntamiento con las tasas, se destine "cero" a inversiones en los mercadillos. Todo ello ha llevado a la directiva de Acaex a anunciar que romperá sus relaciones con Astorga, si éste no "rectifica".

Por su parte, el concejal de Mercados afirmó que nunca dijo a los vendedores que solo se aplicaría el 5% de recargo a las tasas, sino que se comprometió a estudiar esa posibilidad. Añadió, que así lo hizo, pero que esta opción se escapaba de la legalidad. "Yo no puedo prevaricar ni por ellos, ni por nadie, y cualquier ciudadano que no cumple el plazo de pago tiene una sanción del 5%. Si se le notifica de nuevo ese requerimiento es el 10%, y si se vuelve a incumplir es el 20% y el embargo". El 30 de noviembre acaba el plazo para abonar la tasa con ese 10% de recargo.

Astorga agregó que un acto administrativo ya firme como un requerimiento de pago no se puede revocar "porque el concejal lo diga", porque sería "una prevaricación" al no tratar por igual a quienes habían pagado las tasas dentro de plazo --75, según el edil-- y los que no lo han hecho.

El concejal aseguró que él sigue abierto al diálogo con Acaex y que no tiene constancia de que se haya suspendido la reunión que tenían prevista para el 15 de diciembre.