Queremos saber, a Manuel García quién lo sacó; la justicia lo condenó», coreaban ayer cerca de un centenar de personas a las puertas de la Audiencia de Badajoz, afectados por la quiebra fraudulenta de la cooperativa de Valdelacalzada Caval, acompañados de familiares, en un acto de protesta contra la concesión del tercer grado penitenciario, en julio pasado, al exgerente de la cooperativa, Manuel García, condenado por ocho delitos por la Audiencia provincial a 23 años de prisión, pena que ratificó el Tribunal Supremo.
Desde primera hora de la mañana, excooperativistas se concentraron en la avenida de Colón, donde recibieron con aplausos y eslóganes a más de medio centenar de tractoristas que se desplazaron desde su comarca hasta el centro de Badajoz, ocupando la avenida de Colón, donde ordenaba el tráfico la policía local. Los tractoristas se sumaron después a la concentración, que se mantuvo hasta pasado el mediodía.
El objeto de la manifestación era «pedir una explicación a la justicia de por qué Manuel García, condenado a 23 años, pena ratificada por el Supremo, sale a la calle habiendo cumplido cuatro meses de condena», explicaron Antonio Domínguez, último presidente del consejo rector de Caval, y Yolanda Carmona, del despacho de Rosalía Perera, letrada que ha llevado toda la causa --ayer no estaba porque asiste a un congreso en Canadá--.
Fue Perera quien tras ver muchos vecinos y exsocios de Caval a Manuel García por la calle en julio pasado, preguntó en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria las causas de su excarcelación, «y dijeron que nosotros ya habíamos hecho nuestro trabajo, las acusaciones, el fiscal, los jueces, que el condenado había entrado en prisión y que ya no éramos parte de proceso alguno, por lo que no tenían que informarnos del estado del condenado, sino solo a Fiscalía», explicó Carmona.
Entre los asistentes, muchas mujeres no dejaron de corear el citado eslogan y de leer y hablar por megafonía preguntando «¿Quién puede atribuirse un comportamiento tan grave como para alterar el propósito de la sentencia de 23 años de cárcel a Manuel García, exgerente de Caval?». Otra decía que «a los tres meses en la calle, despreciando seis años de duro trabajo de la jueza de instrucción de la abogada, de la fiscalía».
Añadían: «Qué frustración para la Audiencia saber que dicha sentencia, ratificada por el Supremo, no se ha cumplido, ha sido alterada, prostituida y hasta vejada». Muchos se quejaban de que no ha hecho frente a la multa e indemnizaciones, que «la deuda dejada y cuantificada es de 24 millones y la responsabilidad civil supera los 10».
SITUACIÓN ACTUAL / Manuel García obtuvo el tercer grado en julio pasado, explicó el abogado Manuel Villalón, que ha llevado esta parte del caso, «en base a que cuidada de una nieta con discapacidad que perdió a su madre, hija Manuel, por un cáncer, y sólo él se ocupa de ella; porque tiene 69 años, no ha estado nunca en prisión y porque ninguna de la penas supera los 4 años. Afortunadamente los delitos de deuda ya tienen cárcel, eso está abolido; los suyos son la mayoría contra la hacienda pública, son delitos económicos». En cuanto al pago de la deuda, añadió que «no puede, su único ingreso es una pensión de 781 euros».
Los otros dos condenados, Manuel Corrales y su esposa Carmen Texeria, que cumplen penas de 4 y 3 años, respectivamente, siguen en prisión.
Antonio Domínguez manifestó que «no vamos a entrar en nada sobre la niña, pero tiene a su padre y ya estaba antes de entrar en él en prisión y entonces vivía en Badajoz y la niña, con su padre, en Valdelacalzada».
Otros afectados manifestaban que «ha arruinado a todo el pueblo y su familia sigue comprando tierras»; «tiene que volver a la cárcel»; «Se han burlado de nosotros, se han reído de todo un pueblo, no hay derecho»; que ««esto crea una alarma social sin precedentes»; «es un insulto a la inteligencia y una burla a los afectados, ¿en qué país vivimos?»; o «Quienes cometen delitos, ganan; quienes cumplen la ley son burlados», gritaban.
Por otro lado, el despacho de Rosalía Perera presentará, en nombre de los afectados, quejas por la concesión del tercer grado a Manuel García ante el Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx), el Defensor del Pueblo, la Fiscalía General y el Consejo General del Poder Judicial.
QUEJAS / En dichos escritos señalan que está condenado por tres delitos contra la hacienda pública, un delito de falsedad contable, otros continuado de administración desleal, uno de apropiación indebida, uno de fraude de subvenciones y otro de apropiación indebida, a un total de 23 años de prisión, sentencia que ratificó el Supremo.
Hace constar que «el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria «nos niega todo tipo de información»; que no se cumple ninguno de los requisitos legales para proceder a la concesión del tercer grado». Dice que «nos encontramos ante un intencionado y grave atentado procesal, con vulneración y clara dejadez de funciones... causando indefensión y lesionando de forma efectiva el mínimo derecho a la tutela efectiva, y vulneración de derechos humanos», por lo que demanda «la restitución de los derechos vulnerados».
El escrito también recoge que mantendrán movilizaciones «hasta que se adopten las medidas exigidas: investigación de los hechos; de mostrarse ciertos, señalar a los responsables; adoptar medidas disciplinarias y sanciones; y depuración de responsabilidades penales de los responsables si su actuación fuera considerada delictiva, es decir que hubieran dictado una decisión manifiestamente injusta».
