El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a un particular propietario de un terreno en Badajoz, José Fernández de Molina Blasco, que demandó a la Junta de Extremadura y al ayuntamiento pacense porque el nuevo Plan General Municipal (PGM) lo declaró como urbanizable, cuando su dueño considera que es urbano no consolidado, una clasificación que incrementa su valor.
El tribunal estima probado que el suelo objeto de litigio contiene un nivel de dotaciones urbanísticas que lo definen como urbano no consolidado a pesar de que los técnicos de la Junta y del ayuntamiento argumentaron que el propietario se enriquece injustamente sin haber costeado la instalación de estos servicios.
