La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se congratula de que la justicia avale a un agente que sufrió lesiones en una intervención, por la que se condenó a una persona a pagarle 900 euros, pero se declaró insolvente y el cuerpo «dio la callada por respuesta». Ahora «el Tribunal Superior de Extremadura ha fallado que Administración debe abonar la citada cantidad al agente». La AUGC lamenta que sus logros tengan que ser por sentencias judiciales.
