El Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) ha dado la razón a la Comisión Regional de Precios al considerar injustificada la subida de las tarifas del agua que propuso el ayuntamiento en el 2003. En aquella fecha la citada comisión se opuso, el consistorio interpuso un recurso de alzada, que desestimó la Consejería de Economía y aquél acudió al contencioso administrativo, que ahora ha fallado en su contra.

Este fallo, en principio, no debería tener repercusión. Si hubiera sido favorable sí, porque repercutiría en el ciudadano o se le podrían exigir responsabilidades a la Junta, dijo ayer el concejal de Aguas, Nicasio Monterde.

DAR EXPLICACIONES No obstante, el portavoz del grupo socialista, José Ramón Suárez, que fue quien la dio a conocer, defendió que dado que la empresa concesionaria del servicio, Aqualia, recibió 2,3 millones en el 2003, en compensación por la no aplicación de esta subida, que según el TSJEx no están justificada, alguien debería explicar porqué se entregó esta cantidad a Aqualia.

La sentencia es de abril y pasó por la Junta de Gobierno Local, aunque el equipo popular no la ha mencionado nunca. Monterde dice que se abordó en una reunión a la que él no asistió. Según la información aportada por el PSOE, el TSJEx no está de acuerdo con la justificación del incremento de costes, existen discrepancias entre Aqualia y el ayuntamiento sobre las pérdidas de agua de la red y porque los informes son deficientes.

EL CAMBIO DE JUEZ Monterde compareció tras la rueda de prensa de Suárez para reconocer que existe esta sentencia desfavorable al ayuntamiento. El concejal de Aguas dijo que le llama "poderosamente la atención" porque el contencioso es el mismo que se puso por las tarifas del 2001 y el 2001, cuyas subidas tampoco autorizó la Comisión Regional de Precios y, sin embargo, en aquellos casos el TSJEx dio la razón al ayuntamiento.

Monterde cree, además, que el motivo es que "ha cambiado el juez" y el nuevo magistrado "ha interpretado algo distinto a su compañero anterior".

También recordó que en el 2003 Aqualia pidió una subida del 14,9% por el incremento de costes debido al funcionamiento de las nuevas instalaciones de Hidroguadiana, pero el ayuntamiento sólo aprobó el 4%, ajustándose al IPC. Tras la sentencia, Aqualia no tiene que devolver nada porque Monterde recuerda que existe un convenio --"que firmó el Partido Socialista"-- según el cual el ayuntamiento tiene que afrontar el equilibrio presupuestario de la empresa.