La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx) ha dado la razón a 38 propietarios que presentaron un recurso contra la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Badajoz por la aprobación del nuevo Plan General Municipal (PGM) porque éste recalificó terrenos de los que son dueños, que anteriormente estaban en suelo urbanizable programado de uso industrial y que posteriormente pasaron a urbanizables con protección de tipo agrícola y paisajístico por encontrarse próximos a Bienes de Interés Cultural.
Los terrenos a los que se refiere la sentencia se encuentran en la salida de la ciudad por la zona oeste, más allá de San Roque, en el entorno de la antigua N-V, el camino de Talavera hasta el polígono Pealsa.
Los afectados alegaron que la reclasificación de los terrenos obedecía a "intereses particulares de algunos miembros del ayuntamiento para trasladar el desarrollo de la ciudad a otras zonas", pero el juez considera que no se aporta ninguna prueba concluyente de esta finalidad ilícita. Sí atiende sin embargo el resto de argumentos, pues entiende que no puede justificarse la reclasificación en la dificultad para evacuar aguas residuales, ni en los valores agrículas, cuando hay otros terrenos del Plan Badajoz integrados en el proceso urbanizador. Del mismo modo, desmonta el valor apaisajístico por situarse en el entorno del Fuerte de San Cristóbal y la Alcazaba, ya que el punto más cercano está a 1.600 metros y más allá hay urbanizaciones como Golf Guadiana y Cero Gordo.
La sentencia puede recurrirse en el Tribunal Supremo.
