El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dejado sin efecto la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Badajoz, que dio la razón del ayuntamiento, sobre el desahucio de la funcionaria que ocupa la vivienda ubicada en el colegio Arias Montano, conocido como La Aneja, después de que la afectada, conserje y portera de este centro educativo durante casi dos décadas, recurriera la decisión del juzgado pacense.

Según explicó ayer el portavoz municipal, Ignacio Gragera, entre el TSJEx y el Contencioso existe una discrepancia «de criterio» en cuanto al procedimiento seguido para el desalojo de la inquilina, pues el primero considera que, además de la orden de desahucio para comunicarlo a la afectada, era necesaria una resolución expresa para hacerlo efectivo. En este sentido, Gragera señaló que el tribunal «sí entiende» que los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento son «razonables», por lo que queda abierta la posibilidad de iniciar de nuevo el expediente de desahucio, puesto que «las cuestiones de fondo no se discuten», dijo. A este respecto, el portavoz municipal apuntó que si en su día se adoptó el acuerdo de desahucio, lo previsible es que se mantenga.

Este fue uno de los asuntos que se trató ayer en la Junta de Gobierno Local, que también tuvo conocimiento de una sentencia que obliga al ayuntamiento a indemnizar con 28.000 euros a una persona que se lesionó al caerse a causa de una arqueta abierta y sin vallar en Cuartón Cortijo. Según Gragera, el consistorio estudiará la posibilidad de derivar el pago de la indemnización a la promotora de esta urbanización, pues considera que al no estar aún recepcionada esa zona, sería responsabilidad de esta última su mantenimiento.

Por otro lado, el juzgado ha dado la razón al ayuntamiento al desestimar la reclamación de una ciudadana por las lesiones que sufrió en una intervención de la policía local durante la celebración de Los Palomos 2018 en la alcazaba. La demandante solicitaba 12.811 euros, pero el juez entiende que no tiene derecho porque la actuación policial estaba justificada y además le impone las costas.

Asimismo, el juzgado también ha desestimado la reclamación de otra vecina que pedía 21.800 euros por los daños sufridos tras introducir el pie en un hundimiento en la calzada.