El Ayuntamiento de Badajoz lo ha intentado, pero la justicia no le ha dado la razón. Las normas marco de los policías locales de Extremadura, que la Junta aprobó mediante el decreto 218/2009, se ajustan a la legalidad, según acaba de confirmar la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) mediante una sentencia en la que rechaza el recurso que presentó el ayuntamiento pacense. El Consejo de Gobierno de la Junta volvió a aprobar estas normas en octubre del 2009 después de que el Tribunal Supremo las anulase en el 2005 (fueron aprobadas en el 2002) por una cuestión de forma (no fueron informadas por el Consejo de Estado), tras haber sido recurridas por los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres y Mérida.
El teniente de alcalde Alberto Astorga informó de esta nueva sentencia, que el equipo de gobierno "acata", aunque sigue manteniendo los argumentos por los que decidieron recurrirla cuando las normas se aprobaron por primera vez en el 2002 y después en el 2009.
La corporación pacense entiende que este decreto podría perjudicar en determinados puntos los intereses del ayuntamiento y que se podía anular basándose en que se presentaron alegaciones previstas a su aprobación que la Consejería de Administración Pública y Hacienda ni siquiera contestó ni tampoco consideró.
Astorga, que informó de la sentencia el viernes tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, señaló que los servicios jurídicos municipales también entendieron que la regulación que se hace en el decreto es tan "exhaustiva" que sobrepasaba las competencias de mera coordinación de la policía local que tiene asumidas la consejería y que "invadía" el terreno del autogobierno y de la autoorganización de las corporaciones locales. Existen asimismo discrepancias en cuanto a las titulaciones para subinspector e inspector que, según el ayuntamiento, requieren título universitario pero la normativa recurrida permite el acceso mediante promoción interna tras superar un curso en la Academia de Seguridad.
Por último, el ayuntamiento pacense considera que la aplicación de este decreto puede suponer desequilibrios económicos por el incremento del gasto con cargo a los presupuestos municipales y que la disposición final que establece que la consejería consignará anualmente en sus presupuestos una dotación con la finalidad de incentivar la homologación de la policía local "es una fórmula vaga" que no establece un porcentaje razonable por poblaciones y miembros del cuerpo de la Policía Local.
Pero el TSJEx no acoge ninguno de los argumentos esgrimidos por el ayuntamiento pacense y en la sentencia establece que el decreto se adecua a la legalidad y en cuanto a la apreciación de los desequilibrios económicos, la sala considera que "excede" del ámbito del recurso contencioso.
Hay que recordar que cuando el TSJEx dio la razón al ayuntamiento en el 2005 anulando las normas marco por una cuestión de forma, el portavoz del equipo de gobierno de en Badajoz era el ahora presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, quien entonces se quejó de que estas normas invadían competencias municipales y repercutían en los presupuestos del ayuntamiento. Astorga no entró ayer a valorar si ahora que el PP tiene el gobierno regional, podría cambiarse el decreto.
