La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) ha presentado una denuncia ante el Instituto de Consumo de Extremadura, dependiente de la Junta, contra la empresa concesionaria del servicio de agua en Badajoz, Aqualia, por la aplicación indebida de tarifas con anterioridad a su entrada en vigor.
Fue el grupo socialista en el Ayuntamiento de Badajoz el que denunció que Aqualia había facturado consumos de agua correspondientes a los últimos meses del 2008 aplicando precios que no se debían aplicar hasta el 2009, con la subida aprobada. Aunque la cantidad individual de cada recibo es nimia, el PSOE calculó que el cómputo global de cobro indebido a todos sus clientes en la ciudad podría rondar los 100.000 euros. A raíz de esta denuncia del PSOE, la UCE tomó cartas en el asunto por las posibles irregularidades en los recibos del agua y exigió a Aqualia que revisase, de oficio y sin que previamente los afectados tuviesen que imponer una reclamación, todas las facturas emitidas que contemplasen consumos del 2008 y el 2009, y en caso de detectar fallos, laS rectificase y reintegrase lo que hubiese cobrado de más.
Según explicó ayer Roberto Serrano, de UCE Badajoz, a este diario, como Aqualia no ha refacturado de oficio, ahora piden a la Inspección de Consumo --que no tiene capacidad para obligar a la empresa-- a que inste a Aqualia a devolver los excesos de cobro o, de lo contrario, iniciar el procedimiento sancionador. UCE apuntó en su día que Aqualia ya fue denunciada por este mismo motivo hace unos años.
