El sindicato UGT está dispuesto a acudir al Ministerio Fiscal si los servicios jurídicos confirman la posibilidad de que el despido de 100 trabajadores por parte de la empresa Rebego sea ilegal.

El secretario general de UGT por Badajoz, Angel Llinás, denunció ayer en rueda de prensa que esta empresa, con domicilio social en Badajoz, estaba construyendo 14 viviendas en esta ciudad, concretamente en Pardaleras, y otras 14 en Don Benito, subcontratadas por Progeval, con domicilio en Don Benito. Pero la empresa principal ha rescindido el contrato a Rebego por haberlo incumplido, situación que ha llegado a la subcontrata a despedir a los trabajadores, algunos de ellos con dos años en la empresa y otros indefinidos. El sindicato recuerda que esta gente tiene que recibir el pago de 45 días por año de servicio. Ni UGT ni los trabajadores conocen los motivos del incumplimiento del contrato.

Llinás aseguró que Rebego ha presentado suspensión de pagos, pero no lo ha justificado y criticó el procedimiento seguido por la empresa con los trabajadores, pues a algunos no los ha avisado con el tiempo suficiente, para que puedan pedir el subsidio de desempleo y ha cerrado sin facilitar la documentación a los empleados despedidos. El PERIODICO intentó ayer ponerse en contacto con la constructora mencionada, pero no pudo localizarla.

OBRA INCONCLUSA

Se da la circunstancia de que el contrato de Progeval con Rebego se hizo hasta el término de la obra de construcción de las 28 viviendas, que en estos momentos no ha concluido, aunque sólo quedan algunos remates, según contó ayer uno de los afectados, Manuel Núñez. Rebego ya despidió en agosto a 40 trabajadores. La empresa principal ha contratado a otra constructora para concluir las viviendas.

Llinás apuntó que la empresa tiene que correr con todos los gastos pues "ha obrado de mala fe" al enviar la carta de despido a los trabajadores diciéndoles que la obra había terminado.

De momento, 30 trabajadores han presentado recurso en la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, antes de acudir a Magistratura. Paralelamente, el sindicato ha solicitado un informe de sus servicios jurídicos porque considera que esta actuación podría "rozar la ilegalidad".