El sindicato USO ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz para pedir que se investigue si existen responsabilidades penales por las lesiones sufridas por varios policías locales y bomberos el pasado 4 de junio durante el rescate de Anael, el niño de 13 años que se electrocutó el 4 de junio en un transformador del parque del Padre Eugenio. Según USO, los funcionarios que participaron en esta intervención corrieron un «grave riesgo» por la carencia de protocolos y material de intervención necesario para este tipo de incidentes, por lo que solicita que se determine la posible responsabilidad en los hechos de la concejala de Recursos Humanos, Beatriz Villalba, como presidenta del comité de Seguridad y Salud del ayuntamiento; de María José Solana, concejala de Policía Local y del superintendente; así como de Francisco Javier Gutiérrez, concejal de Bomberos, y el jefe de este servicio.
USO explicó que los protocolos para actuar en este tipo de emergencias no se han establecido, pese a que lleva años denunciando su ausencia. Así, recordó que en el 2012, la Inspección de Trabajo «impuso» un plazo de 6 meses para resolver las deficiencias detectadas en el servicio de bomberos y que se adoptasen medidas preventivas, entre las que se contemplaban estos protocolos, sin que hasta la fecha se haya cumplido. También criticó que la Academia de la Policía Local no forme a los agentes para estas intervenciones.
USO presentó la denuncia en el juzgado el 19 de julio, pero ya previamente lo había hecho ante la Policía Nacional el 12 de junio. Ante la «sospecha» de que no se hubiera dado traslado de la misma al juzgado, decidió interponerla directamente. El ayuntamiento no opinó ayer sobre la denuncia del sindicato.
