Han organizado manifestaciones, recogido firmas e incluso anunciaron que se pondrían delante de la máquinas el día que entrasen en la alcazaba. Ahora, a tan solo unos días para el inicio del derribo del Cubo de la facultad de Biblioteconomía, previsto para el próximo martes, los vecinos del Casco Antiguo quieren quemar un último cartucho para evitarlo y han solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) el "indulto del edificio".
Así lo anunció ayer el presidente de la asociación de vecinos del barrio, José María Soriano, quien explicó que el pasado 8 de junio se registró la solicitud en la subdelegación del Gobierno, que la ha remitido al Ministerio de Justicia y éste a su vez debe dar traslado del mismo al TSJEx, pues es al órgano sentenciador a quien corresponde conceder el indulto. Antes de estudiar la petición, el tribunal deberá considerar que el colectivo está legitimado para presentarla, pues no ha sido parte en el procedimiento judicial.
Soriano, que compareció junto al abogado José Luis López y Susana Orts y Francisco Javier Carpio, de los colegios de Aparejadores y Arquitectos, respectivamente, se mostró convencido de esta legitimidad, así como de que en su escrito ofrecen argumentos de peso para que este indulto se conceda. No fue tan optimista el abogado, que solo cuantificó en "un 1%" la posibilidad de que el TSJEx atienda su petición.
La solicitud de indulto se sustenta en la posibilidad de que el derribo obligue a trasladar la Facultad de Comunicación y Documentación del Casco Antiguo, pues ha sido y es "fundamental" en la rehabilitación y recuperación del centro histórico. "¿Qué queremos, volver a ver la alcazaba llena de yonkis y jeringuillas como hace 20 años?", se preguntó Soriano. Asimismo, argumentan que la obra fue "completamente legal", que en ningún momento se incumplió la ley de Patrimonio y que se erró en lo referido a la normativa urbanística al conceder la licencia de obra, pero que el Plan General Municipal se modificó poco después y no lo contravenía. Sobre esto, según Soriano, existe jurisprudencia, pues se ha concedido el indulto a una casa en Cádiz.
Por su parte, el portavoz municipal, Germán López Iglesias, dijo que, sin ánimo de "criticar", esta petición podría ser contraproducente, porque se realiza cuando las obras están a punto de empezar y si se paralizasen para resolverla y fuera finalmente desfavorable, se perjudicaría a los estudiantes. "Ojalá que no hubiera que tirarlo", dijo, al tiempo que no mostró confianza en que prospere.
