Un grupo de vecinos compareció ayer ante la prensa para denunciar el incumplimiento del compromiso verbal adquirido por la Consejería de Vivienda en el 2004 para realojar a familias de esta barriada y reclamar que si se acomete un plan entre administraciones, como se ha anunciado, no debe hacerse con ellos dentro del barrio. Por eso piden ser realojados en viviendas de alquiler mientras las que ahora ocupan se adecentan y la zona se arregla. "No queremos que se experimente con nosotros", subrayan. Estos vecinos quieren permanecer en el anonimato, por temor a represalias.

Piensan que actuar con la policía y judicialmente significará poner en riesgo a los que no delinquen, "porque hay personas muy peligrosas, que no van a atacar a los políticos, sino a los que estamos viviendo allí". Y avisan de que si ocurre algo en la barriada "ellos --los políticos-- serán los responsables".

Entre los afectados había una persona que ya no vive en Los Colorines, donde sufrió varios intentos de agresión, como la quema del coche y robarle en la vivienda y de donde salió con depresión. Esta persona pertenece a la Asociación Socio-Cultural Evangelista Klesis, que lleva 8 años trabajando en Los Colorines por la recuperación del barrio. Contó que intentaron que les apoyasen la Junta, el ayuntamiento y la Policía Nacional y local, para poner solución a la venta de droga, niños sin escolarizar, pisos ocupados ilegalmente y desahucios no realizados.

EN MERIDA Solicitaron una entrevista con la entonces consejera de Vivienda, María Antonia Trujillo. Cuatro personas que trabajaban en la zona formaron una coordinadora y, ante la falta de respuesta se presentaron en Mérida. Según contaba ayer, les dijeron que "no era el momento político" de hacer el realojo, pero les pidieron la lista de familias que querían salir, que resultaron ser 16. Aseguran que les ofrecieron realojar primero a los cuatro integrantes de la coordinadora y, más adelante, a las demás. Se trasladaron dos pero los otros dos no lo han hecho, al coincidir con los cambios en la Consejería de Vivienda. Ahora denuncian que no quieren cumplir los compromisos, que siempre fueron verbales.

Según los datos de estos vecinos, ya en el 2002 la Junta se comprometió a hacer 30 desahucios, de los que sólo se han hecho efectivos dos y ahora habrá más de 70 pisos ocupados ilegalmente "con una patada en la puerta", dicen. También recuerdan que cuando llegaron al barrio se podía vivir "pero las autoridades se relajaron y hacían caso omiso a nuestras quejas".