Los vecinos de Suerte de Saavedra exigieron ayer que se aplique el protocolo de desahucios para que se rescinda el contrato de alquiler de las viviendas sociales a quienes no respetan la convivencia en el barrio. El presidente de la Asociación para la Recuperación de Suerte de Saavedra, Antonio Chacón, denunció que las reyertas que protagonizan determinadas familias que ocupan pisos de la Junta de Extremadura no son un hecho aislado, pues los tiroteos, peleas con armas blancas y disputas son frecuentes en la zona del barrio donde han ocurrido los altercados el pasado fin de semana. "El protocolo de desahucios no es para echar a quien no pueda pagar, sino para echar al que no sepa convivir", recordó, por lo que reclamó que se ponga en práctica para que las familias que no son conflictivas puedan vivir en paz.

"Creemos que todavía lo gordo no ha pasado", alertó Chacón, quien lamentó que haya vecinos que tengan que convivir a diario con el miedo a que en cualquier momento se inicie una refriega con armas. "Hay madres que se han llevado a sus hijos a casa de los abuelos, porque los niños no pueden estar en la calle con tranquilidad".

Los vecinos han iniciado una recogida de firmas a través de change.org para reclamar el protocolo de desahucios, así como para retomar una vieja reivindicación: que en el barrio se abra una subcomisaría de la policía local o nacional. "En los soportales de la calle Olof Palme hay espacio suficiente para ello", propuso Chacón.

Por su parte, la Junta de Extremadura quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos y aseguró que el ejecutivo regional está llevando a cabo "un trabajo exhaustivo" amparado por el protocolo de desahucio, suscrito con organizaciones sociales y de cuyas mesas de trabajo también forman parte los ayuntamientos de las principales ciudades extremeñas, entre ellas el de Badajoz, para "recuperar la dignidad de la vivienda social". En este sentido, informó de que en estos momentos hay abiertos 56 expedientes de desahucio --23 por ocupación ilegal y otros 28 por no ocupar el domicilio adjudicado-- y que se han recuperado 92 viviendas sociales, pues la "prioridad" de la Junta es "atender la necesidad de vivienda de los ciudadanos y proteger los derechos establecidos en la Constitución".