La directiva de la asociación de vecinos de Río Caya ha pedido al ayuntamiento que cumpla ley y que no permita que se siga construyendo una residencia canina en una parcela aledaña a la urbanización, porque los informes de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo son negativos, así como es preceptivo legalmente que dicha instalación se encuentre a un mínimo de 2.000 metros de las primeras viviendas habitadas.

José Cárdenas, José Fernández y Andrés Serrano, de la directiva de la asociación, se preguntaron qué interés puede tener el ayuntamiento en que se haga dicha residencia de forma ilegal, cuando ha recurrido la denegación por la Junta interés social solicitado, y "el propietario se vanagloria de las amistades que tiene en el ayuntamiento".

Los vecinos afirman que han denunciado las obras varias veces a la Policía Local y que ésta ha acudido y denunciado, pero que el promotor continúa, y "ahora ha hecho una nave que no estaba prevista ni en el proyecto de la residencia", afirman.

ANTECEDENTES

La asociación vecinal se basa en una denegación de permiso para una perrera privada en el 2002 en el Manantío, otra urbanización, por las mismas razones que ellos exponen y aclaran que no tienen nada en contra ni del dueño ni de la actividad, que sólo quieren que se cumpla la legalidad "y evitar que ocurra como en Ciudad Jardín con el cebadero".

Estos vecinos muestran toda la documentación que demuestra la legalización de la urbanización, los informes de la Junta, el pase por pleno, etc. La asociación pregunta qué intereses puede tener el ayuntamiento o la concejala de Urbanismo en que se haga la residencia canina en la urbanización a toda costa.