El Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz se personará como acusación particular en la causa contra el propietario de un consultorio veterinario de Badajoz que fue detenido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil tras ser sorprendido cuando cortaba las orejas a un perro de la raza american bully.
Así lo confirmó ayer el presidente del Colegio de Veterinarios, José Marín, quien reconoció que, aunque llevan años «sospechando» de las prácticas del acusado, hasta ahora no habían logrado obtener pruebas para denunciarlo, por lo que agradeció su labor a los agentes.
Marín explicó que el colegio ha decidido personarse como acusación particular porque se trata de un caso «especialmente grave», en el que se acusa al dueño del consultorio de dos delitos: uno de intrusismo profesional, ya que no es veterinario, y otro de maltrato animal, pues desde el pasado 1 de febrero están prohibidas las intervenciones quirúrgicas cuyo objeto sea modificar la apariencia de un animal de compañía u otros fines no curativos. El detenido se puede enfrentar a penas de prisión de hasta dos años por el primero y de hasta 18 meses, por el segundo.
Asimismo, el presidente del Colegio de Veterinarios aclaró que en este caso, el acusado estaba realizando una intervención quirúrgica en unas instalaciones en las que no se pueden llevar a cabo, puesto que su establecimiento tiene categoría de consultorio veterinario, no de clínica ni hospital. «Esperamos que todo esto sirva de escarmiento para que este señor acabe con su conducta delictiva y de aviso para cualquier otro que maltrate animales o practica que el intrusismo», confió Marín, quien reprobó que el acusado se valga de titulados «recién salidos» de la universidad para continuar con su actividad, pues debe haber un veterinario al frente, y aseguró que a todos los profesionales que han trabajado con él se les ha informado de la situación.
El presidente del colegio de Veterinarios aprovechó para reivindicar la importancia de la colegiación, de la que recordó su obligatoriedad, al tiempo que criticó que desde la administración se haga «la vista gorda» con algunos funcionarios que no se colegian.
