El pleno del Ayuntamiento de Badajoz aprobó ayer aceptar la cesión de la red urbana, zonas peatonales y espacios verdes de los grupos de viviendas José Antonio, situados entre las avenidas de Santa Marina y Colón. Los espacios cedidos al consistorio ocupan en total una superficie de 11.877 metros cuadrados y, según explicó el concejal de Patrimonio, Jesús Villalba, con esta decisión lo que se hace es "rectificar" lo que "se dejó de hacer" en las transferencias de 1989, cuando estas viviendas pasaron del Ministerio de Obras Públicas a la Junta de Extremadura y de la Junta al ayuntamiento.

Entonces se traspasaron 75.000 metros cuadrados "y quedaron este pico porque no se dieron cuenta, no es más que un cambio administrativo para regularizar la situación", señaló Villalba, quien insistió en que se trata de una cesión de suelo público en uso desde el año 48.

Villalba explicó a este diario que estos espacios llevan "en uso por la ciudad" todos estos años y lo que se ha hecho con el paso aprobado ayer "es darle carta de naturaleza a una situación de hecho" pues apuntó que las zonas comunes están abiertas al tránsito peatonal y rodado y todo el mantenimiento y limpieza corre a cargo del ayuntamiento. Según el concejal, el proceso "ha sido muy difícil".

EN CONTRA Sin embargo, la cesión no fue aprobada en el pleno por unanimidad. Los concejales socialistas votaron en contra porque el portavoz, Celestino Vegas, defendió que se trata de una "discriminación" respecto a otros vecinos de la ciudad, que llevan años reclamando que el ayuntamiento se haga cargo del mantenimiento de las zonas comunes, como es el caso de los bloques de la calle Mérida, en una de las esquinas del parque de San Fernando, o de las 500 viviendas de San Roque. "No es justo que a otros vecinos se les olvide", recalcó.

En el pleno se encontraba un vecino de las primeras viviendas citadas de San Fernando, Julián Ortega del Pozo, que al finalizar la sesión tomó la palabra (que previamente tuvo que solicitar en el Registro) para relatar que lleva 36 años ocupando uno de estos pisos de protección oficial, construidos por el Ministerio de la Vivienda, y que es "vergonzoso" el estado en que se encuentra el llano de aparcamiento, las aceras y los espacios comunes en general, a pesar de que los vecinos pagan "religiosamente" el Impuesto de Bienes Inmuebles, que supera los 300 euros.

En este punto, el alcalde, Francisco Javier Fragoso, intervino para apuntar la "dificultad jurídica" que existe, dado que se trata de suelo privado de uso público. Una respuesta que no satisfizo a Julián Ortega, ni a su mujer y otro vecino, también presentes en el pleno. "Nos come la indignación", comentaba ella mientras su vecino añadía: "Lo importante son las personas y cuidar los barrios".