Proteger el medioambiente, garantizar la seguridad de los consumidores y usuarios o hacer posible que un artículo fabricado en cualquier país de la UE sea exportable al resto de la Unión. Son solo tres ejemplos que ponen de manifiesto la relevancia que tiene la intervención de los poderes públicos a la hora de regular la actividad industrial. Una colaboración entre los ámbitos público y privado que queda explicada en Industria , el séptimo tomo de una colección sobre Derecho de la Regulación Económica que acaba de publicar el catedrático de la Uex Vicente Alvarez editado, entre otros, por la Fundación Caja Extremadura.

--¿Qué aporta el libro al estudio de la legislación industrial?

--El libro es un tratado de derecho industrial que está enmarcado dentro de la colección Derecho de la regulación económica , dirigida por el profesor Santiago Muñoz. Hasta ahora solo existían estudios sectoriales en materia de legislación industrial. Este libro, en cambio, es una obra de referencia que permite conocer cualquier aspecto relacionado con el derecho industrial, desde las reglas que regulan la puesta en marcha de una industria hasta las que ordenan todo el proceso de fabricación de los productos, no solo en España, sino también en el resto de Europa.

--Lo que ocurrió recientemente con la balsa de residuos de Hungría o con el vertido de la refinería de Tarragona pone de relieve la importancia de la legislación en esta materia...

--Indudablemente. La mayor parte de las empresas industriales generan riesgos en mayor o menor medida. Para hacer frente a esos riesgos existen diversos sistemas de protección medioambiental, que se explican en el libro. Esto realmente no hay que verlo como una pelea entre las administraciones y las industrias, sino que en la mayor parte de los casos se basa en una técnica de colaboración. Las industrias intentan colaborar de la mejor forma posible con la Administración haciendo controles internos de su funcionamiento.

--¿Y suelen ser suficientemente exhaustivos esos controles?

--Si las empresas respetan la normativa obligatoria y otras normas como las ISO 14000 que, aunque son voluntarias, muchas veces vienen impuestas por el mercado, los mecanismos de control sí que pueden considerarse realmente suficientes en función del desarrollo técnico que hoy en día existe en nuestra sociedad.

--¿Cree que con la crisis disminuirán las certificaciones de calidad o las medioambientales en las industrias?

--No lo creo ni en el caso de las empresas ni en el de los productos, ya que las certificaciones suponen ventajas competitivas, que facilitan el acceso a otros mercados. Además, muchas veces, sin el cumplimiento de estas normas las administraciones no contratan con las empresas ni adquieren sus productos. En el caso de las normas medioambientales, en los países donde la conciencia medioambiental es elevada se convierten prácticamente en obligatorias, ya que las impone el mercado.

--¿Cómo ha evolucionado en los últimos años la legislación industrial?

--En el ámbito europeo desde los años ochenta la política en materia industrial viene ligada, por un lado, a lo que se llamó el nuevo enfoque en materia de armonización de normas técnicas y, por otro, a un enfoque global en lo que respecta a los controles técnicos. El primer aspecto supone que la UE hace unas directivas que contienen las exigencias esenciales respecto a los productos, y se deja a los sujetos privados, en concreto a los organismos de normalización, que desarrollen esas exigencias esenciales mediante normas técnicas voluntarias. Si bien estas normas son voluntarias, los industriales las suelen cumplir a rajatabla porque los productos fabricados conforme a ellas se presupone que respetan el contenido obligatorio de las directivas, lo que les abre paso a todo el mercado europeo. El segundo punto determina que los controles técnicos los hacen unos sujetos, los entes certificadores, que previamente han tenido que pasar un examen que dice si están capacitados o no para controlar, y que realizan las entidades de acreditación, de las que hay una por país (en el caso español es ENAC).

--Y en el futuro, ¿hacia dónde evolucionarán estas normas?

--Hasta ahora lo que se ha hecho en materia industrial es proceder a un amplio traspaso a los sujetos privados de la regulación (concepto este que engloba el control pero también la elaboración de normas) de la calidad y de la seguridad industrial, con lo que esta actividad se ha privatizado en buena medida. Creo que esa es una tendencia que va a seguir, aunque en última instancia la Administración conserve la capacidad de supervisar la aplicación de las normas obligatorias.