La advertencia de que puede volver a repetirse el caso del Cubo de Biblioteconomía, en el que el Ayuntamiento de Badajoz se ha visto obligado por la justicia a derribar parte de un edificio que alberga una facultad, a instancias de una asociación ciudadana que no ha cejado en el empeño de defender la legalidad durante años, está sirviendo continuamente a distintos colectivos de la ciudad para avisar a las administraciones de que se cuiden muy mucho de lo que hacen con el patrimonio histórico, porque se mantendrán vigilantes.
El ejemplo del Cubo ha puesto de manifiesto que por muy descabellado que parezca tener que invertir dinero público en derribar una actuación financiada con dinero del bolsillo de los ciudadanos, las administraciones deben dar testimonio de que no pueden ser la excepción en el cumplimiento de las normas. Siguiendo un ejemplo del que abuso, más perjuicio supone al propietario de una parcela ilegal de Los Rostros tener que derribar la vivienda que con su esfuerzo ha ido levantando y para el que no existe la posibilidad de perdón. ¿Con qué cara podría exigir el administrador al administrado que restituya la legalidad si él mismo se la salta a la torera?
En esta ciudad ha habido más casos sobre los que se ha alargado la sombra del Cubo. Ocurrió con la ampliación del Museo de Bellas Artes, a cuyo proyecto, que resultó de un concurso de ideas, se opuso también Amigos de Badajoz, pero la diputación consiguió sacarlo adelante sin saltarse la ley, con el aval de la justicia. También en el Campillo se están apurando las garantías ante las autoridades responsables de la defensa del patrimonio para evitar dar cualquier traspiés que dé pie a denuncias que manden al traste con los propósitos de recuperación de una zona olvidada, de la que hasta ahora nadie se había acordado.
De nuevo ahora el Cubo se vuelve a tomar como referencia de escarmiento por quienes critican los planes de la diputación con otro edificio de su propiedad: el Hospital Provincial. Varios centenares de ciudadanos (por favor, que alguien invente un cuentamanifestantes) participaron en la protesta convocada por la Plataforma en Defensa del Hospital Provincial la semana pasada. Valorar la repercusión no puede quedar solo en si fueron muchos o pocos. Son poquísimos si se toma como referencia que esta ciudad tiene 150.000 habitantes. Siguen siendo pocos en un lugar en el que más de 2.000 personas se echan a la calle cuando el domingo de Carnaval abre el comercio. Pero son muchísimos en un municipio en el que cuando se convoca un minuto de silencio por un asesinato machista acuden apenas una docena de personas, en su mayoría concejales, a la puerta del ayuntamiento. Hay comparaciones que más que chirriar, duelen.
Los manifestantes movilizados por el Hospital Provincial protestaron contra el «plan destructor» de la diputación y a favor de un uso social del edificio de 20.000 metros cuadrados.
Tras la manifestación, el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha afirmado respecto a la protección del antiguo hospital que «se cumplirá escrupulosamente la ley». Eso es lo que hay que exigir: que el patrimonio histórico se proteja sin subterfugios, porque sobre cuestiones estéticas o de uso del inmueble habrá miles de pareceres, todos ellos respetables, y la razón no siempre acompaña a quien más grita. Lo que hay que vigilar es que las reformas que se acometan no vulneren la protección del edificio. Si hay que recordar que hubo una vez un Cubo, pues se hace. Pero sin imposiciones.
