El proceso de desalojos de viviendas sociales iniciado el miércoles por la Agencia Extremeña de la Vivienda en Suerte de Saavedra, donde se llevaron a cabo cuatro desahucios, continuó ayer en Los Colorines con otros cinco, dos por ocupación ilegal y conducta asocial y tres en los que no estaban ocupadas las viviendas. A esta barriada marginal acudieron a primeras horas de la mañana al menos ocho furgones policiales con más de una treintena de antidisturbios y una unidad de guías caninos, para intervenir en el caso de que se produjera algún conflicto.
Sin embargo, salvo la tensión del momento, los desahucios se produjeron sin incidentes. Los técnicos de la Agencia de la Vivienda, acompañados por los agentes de la Policía Nacional, desalojaron a dos familias de los pisos que ocupaban ilegalmente en la plaza Toto Estirado, de donde sacaron sus muebles y enseres y procedieron a tapiar puertas y ventanas.
Una de las personas desalojadas fue detenida por la policía y puesta a disposición judicial porque además ocupaba otra vivienda más en el barrio.
En el transcurso de esta operación, los técnicos de la Agencia de la Vivienda cursaron otras 18 denuncias por delito de usurpación, por ocupación sin autorización del inmueble en contra de la voluntad de su dueño, en este caso la Junta, a pesar de que las viviendas estuviesen desocupadas. A través de este procedimiento se produjeron otras cuatro detenciones, en el resto de las viviendas no había nadie.
Esta nueva modalidad de desalojo, según explicó a este diario la asesora de la Agencia de la Vivienda, Paloma Castellano, "se ha podido utilizar gracias a la colaboración de magistrados, fiscales y policía, con el fin de evitar los largos trámites que se seguían, así ahora se puede desalojar de forma inmediata por orden judicial sin necesidad de acudir a procedimientos administrativos, y se puede recurrir a los juicios rápidos", señaló.
Una de las desalojadas, Esmeralda Remedios Vargas, con 22 años y 2 hijos, reconoció que ocupó el piso hace cuatro años cuando su vecina se fue "y nos dejó la puerta abierta para que no se metiera nadie y los vecinos se pusieron de acuerdo para que lo ocupase yo". Tras verse en la calle, pidió una vivienda y aseguró que "no me he metido nunca con nadie".
La mayoría de los vecinos de Los Colorines salieron a la calle para presenciar la intervención y protestaron por la forma de actuar de la agencia. En algunos casos, como el de una familia de la calle Juan María Robles Febre, responsabilizaron a la Junta del estado de las viviendas. La inquilina reiteró de forma contundente mostrando a los periodistas las humedades de su piso: "le debo a la Junta 2.000 euros y no pago porque no quiero, llevo años pidiendo que me reparen la casa y no me hacen caso", señaló.
La agencia comunicó ayer que continuará trabajando con el fin de que de las viviendas sean ocupadas por los cauces legales y para que los adjudicatarios cumplan con sus deberes y respeten la convivencia. "No se van a permitir conductas asociales".
