La ‘batalla de la lengua’, que polarizó a la sociedad valenciana en los años de la transición, se ha retomado y se ha trasladado ahora a los colegios de la Comunitat Valenciana y, de rebote, a la justicia e incluso a la calle. La Generalitat aprobó hace unos meses un nuevodecreto de plurilingüismo escolar y el Partido Popular, azuzando el fantasma del catalanismo, ha resucitado ese histórico enfrentamiento y ha hecho de la oposición a esa norma una de sus principales batallas. Junto a los populares, algunas asociaciones de padres, una asociación para la 'defensa del castellano’ y los sindicatos USO y CSIF intentan tumbar un proyecto que apoyan las universidades valencianas, asociaciones como Escola Valenciana, los sindicatos mayoritarios y otras asociaciones de padres. En estos momentos, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha suspendido cautelarmente el decreto sin entrar en el fondo del mismo por tres recursos. La Generalitat ha presentado sus alegaciones para acabar con la paralización pero no hay fecha para que el TSJCV conteste. Y todo a tres meses de que arranque el curso.

El decreto acaba con el antiguo sistema de líneas en castellano con el que, según los datos de la Conselleria d’Educació, solo el 30% del alumnado estudiaba en valenciano y el nivel de inglés con el que se acababa la etapa escolar era muy bajo. Con ese diagnóstico pidieron un informe a las unidades de educación multilingüe de tres universidades valencianas y adaptaron sus recomendaciones a la realidad de cada zona. “No es lo mismo Morella que Torrevieja”, recuerdan desde la 'conselleria'. El decreto crea seis niveles: dos básicos, dos intermedios y dos avanzados.En los primeros se prima el castellano, los segundos aumentan la exposición al valenciano y al inglés hasta llegar casi al equilibrio en las tres, y en los últimos estas dos lenguas, especialmente la propia, son las protagonistas. Educació asegura que estos dos últimos son los “óptimos” según los expertos, pues permiten un mejor dominio de los tres idiomas. Uno de los puntos que se ha atacado es que se vincule la posibilidad de ampliar las horas de inglés a que se suban las horas de valenciano pero desde el departamento defienden que hay multitud de informes que demuestran que el conocimiento de dos idioma facilita el aprendizaje del tercero. El otro frente es el de las titulaciones. El alumnado que realice todo su periplo escolar en niveles intermedios recibirá un A1 de inglés y un B2 de valenciano. En avanzados, un B1 de inglés y un C1 de valenciano. Los que cursen niveles básicos tendrán que examinarse para obtener esas titulaciones.

Cada centro, el consejo escolar en el caso de los públicos y la dirección en el de los concertados, ha elegido en qué nivel quiere estar. Según los datos de la conselleria que dirige Vicent Marzà, de Compromís, el 54% de los centros educativos eligieron los niveles avanzados, el 30% escogieron los niveles intermedios y el 16% se decantaron por los niveles básicos. Esta opción se concentra principalmente en el sur de Alicante.

EL CONFLICTO

Paralelamente a este proceso, ha ido subiendo la temperatura política y social. El PP ha llevado a las Corts numerosas veces la cuestión y esta misma semana lo ha hecho en dos ocasiones. El miércoles, con una proposición para instar a que se puedan estudiar las mismas horas de inglés sea cual sea el porcentaje de castellano y de valenciano elegido. La PNL fue rechazada con los votos de PSPV, Compromís y Podem pero volvieron las palabras gruesas. “Hoy votamos por si apostamos por la radicalidad del nacionalismo catalán o por la igualdad”, apuntó la popular Beatriz Gascó, que calificó de “chantaje” el decreto y mostró un cartel con una fotografía del conseller Vicent Marzà delante de una ‘trasera’ con las siglas de ERC. “A mí nadie de Cuenca me va a imponer el valenciano”, le espeto la popular a Sandra Mínguez, diputada de Podem.

“Estoy muy orgullosa de ser de Cuenca y de defender aquí una lengua que ya es la mía”, le contestó Mínguez. En valenciano. “Somos aún herederos del monolingüismo franquista y tenemos que cambiarlo”, apuntó Josep Nadal, de Compromís, al que Isabel Bonig, síndic del PP, le enseñó reiteradamente la orden de paralización. “Atacan al valenciano por tierra, mar y aire”, afeó Nadal a la bancada popular. La socialista Ana Besalduch se mostró convencida de que esta vez al PP ya no le va a salir bien azuzar esta batalla lingüística, aunque lo cierto es que hace unas semanas miles de personas se manifestaron en València contra el decreto.

El siguiente paso lo deben dar los tribunales, donde el Govern se ha encontrado con un aliado poco esperado. En un informe por un recurso del CSIF, la Fiscalía avalaba la legalidad del decreto. Pero el nudo está ahora en el TSJCV que aseguró en su escrito para justificar la paralización que “un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idioma”. La Generalitat recordó en su recurso que la etapa de infantil, la que se debería empezar a implantar en septiembre, no es obligatoria, que no tiene certificación de idiomas y que, en cualquier caso, las primeras no se expenderían hasta 2024.

“Hay tiempo suficiente para que haya una resolución judicial”,señaló la vicepresidenta Mónica Oltra, que deslizó que no habrá vuelta atrás. “No hay plan B porque aunque se mantenga la suspensión cautelar se aplicará el proyecto lingüístico del centro y, al aplicarse, que es lo mismo que se aplicaría en caso del decreto, no hay variación; no se vuelve al antiguo modelo del PP", resaltó. Desde la 'conselleria' aseguran que están preparando diferentes opciones para seguir adelante con la línea marcada “aceptando lo que digan los tribunales y cumpliendo por supuesto con la legalidad,".