El ministro de Justicia en funciones, Mariano Fernández Bermejo, asegura que la huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia no transferida "ha tocado a su fin" y ello es posible sin que nadie "salga con cara de vencedor ni de vencido", informa la agencia Efe. Tras firmar el acuerdo que pone fin a dos meses de huelga con CCOO y UGT -que no ha sido ratificado por CSI-CSIF y STAJ-, Bermejo deja claro que quienes salen vencedores de este acuerdo son los ciudadanos, que han sufrido más de 60 días de paros. El ministro recuerda que el documento se ha firmado con las dos organizaciones sindicales mayoritarias en el sector y aclara que se trata de un "magnífico acuerdo, que deja a todos satisfechos", a pesar de que reconoce que tanto CSI-CSIF como STAJ prefieren esperar a consultar a sus bases.Además, Bermejo justifica la decisión de convocar a los máximos dirigentes de la Función Pública a la negociación con que se hubiera "perdido la confianza" en los responsables de Justicia de ambos sindicatos tras el "incidente" del 1 de abril. Entonces, los sindicatos dieron marcha atrás en su postura y, después de aceptar un acuerdo con el ministerio, pidieron el voto negativo a los trabajadores en referéndum. "Le puedo asegurar que no es nada fácil mantener una negociación en plena campaña electoral", admite Bermejo, quien explica que él ha intervenido personalmente desde el primer momento del conflicto. Por su parte, el secretario de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miguel Segarra, niega tajantemente que haya puenteado a los representantes de la Administración de Justicia y hace hincapié en que todos los sindicatos están de acuerdo con el documento, aunque no en su firma inmediata. "Teníamos que dar una salida a este conflicto", subraya Segarra, antes de apuntar que está "muy tranquilo" y convencido de que en unos días el conflicto con una parte de la militancia del sindicato se va a reconducir. "No se ha puenteado absolutamente a nadie", reitera también su homólogo en UGT, Julio Lacuerda, quien alerta de que si la huelga continuaba indefinidamente se podían producir "daños irreparables" en el servicio de Justicia. A su entender, los paros estaban conculcando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Tras agradecer al Gobierno su "sensibilidad", Lacuerda reconoce que las centrales sindicales deben hacer autocrítica. Sobre los reproches que le han lanzado desde una parte de la organización por su actuación en este asunto, asegura que UGT "no es la prisión de San Quintín" y que, por lo tanto, aquel afiliado que no esté de acuerdo con lo negociado, puede darse de baja. Tanto militantes de UGT como de CCOO que no están satisfechos con lo pactado se han apostado durante más de una hora en las diferentes puertas del Ministerio esperando a que salieran de él Segarra y Lacuerda, para expresarles la repulsa por su actuación. Cuando finalmente han abandonado la sede ministerial, protegidos por agentes antidisturbios de la policía, ambos han sido abucheados y criticados con gritos como "traidores" y "nos habéis vendido".