El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, promulgó hoy una ley que amplía las medidas de seguridad y refuerza la lucha antiterrorista en territorio nacional, en el marco de las recomendaciones presentadas al Legislativo hace tres años.
La ley pone en marcha la mayoría de las 41 recomendaciones que presentó en 2004 una comisión independiente que investigó los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Tras firmar la ley, Bush observó que "aún queda mucho trabajo por hacer", porque el texto que le envió el Congreso no incluye una reforma de las supervisiones que debe hacer el Legislativo de las actividades antiterroristas y de los servicios de inteligencia.
En un comunicado, Bush también se refirió a su solicitud de que el Congreso apruebe cuanto antes una ley que amplíe los poderes del Gobierno para vigilar las comunicaciones de los extranjeros sospechosos de terrorismo.
La ley promulgada permite la redistribución de fondos federales a ciudades que afrontan un mayor riesgo de atentados, y autoriza ayudas a todos los gobiernos estatales para incrementar su capacidad de respuesta a emergencias.
Así, la iniciativa incluye fondos para mejorar los equipos de comunicación de las comunidades en todo el país, y para que los gobiernos locales y estatales puedan intercambiar información con el Gobierno federal. Entre otros requisitos, la ley exige, en un plazo de tres años, la inspección del 100 por cien de los cargamentos aéreos, así como de los contenedores marítimos enviados hacia puertos estadounidenses, en un plazo de cinco años.
La medida prevé poco más de 4.000 millones de dólares para mejorar la vigilancia en los sistemas de transporte del país en los próximos cuatro años. También autoriza la provisión de 1.600 millones de dólares en equipos de alta tecnología para los bomberos, policías y demás profesionales que responden a emergencias. Además, establece un nuevo programa electrónico para mejorar el registro de visitantes provenientes de países exentos de visas para ingresar a Estados Unidos, la mayoría de la Unión Europea (UE).
Bush había amenazado con vetar la ley porque, en su versión original, el proyecto legislativo permitía que unos 45.000 trabajadores de los aeropuertos formasen sindicatos. Ante las presiones políticas, los demócratas, que controlan el Congreso, abandonaron esa idea.
