El desarrollo de un núcleo destinado a segunda residencia, con una previsión de 1.733 casas, al lado de la estación de Arroyo-Malpartida se mantiene a pesar de las alegaciones presentadas por los consistorios de Malpartida y Arroyo, que ayer se desestimaron en la comisión municipal de Urbanismo. Fue uno de los acuerdos más destacados de una sesión que tendrá su continuación en unos días para acabar con el dictamen de las trescientas alegaciones presentadas a la aprobación provisional de la revisión del Plan General Municipal (PGM) de urbanismo. La comisión de ayer fue atípica al asistir solo los ediles del PP y se aceptaron pocas alegaciones.

La tramitación del plan general se inició hace cuatro años y se está en el paso anterior a la remisión del documento a la Junta para su aprobación definitiva. Un plan general ordena el desarrollo de una ciudad y su modelo. El trámite actual coincide con las elecciones y lo que ahora se piensa en Cáceres o en Mérida puede variar con cambios en el gobierno local o autonómico.

Desde la Junta se planteó inicialmente el inconveniente de la ZEPA, ahora ya contemplado, aunque el plan que regula este espacio protegido está en suspenso, y en lo que se insiste actualmente por la Agencia de la Vivienda de la Junta es en que se crea un modelo de ciudad sobredimensionado, con excesivo suelo urbanizable, lo que, si no hay un control, creará una ciudad desmembrada y difícil de sostener, crecimiento al que también contribuye la Junta con los PIR: el del Junquillo, que entra en las previsiones de suelo urbanizable del PGM, y el de la cantera de Olleta, que en el nuevo plan es suelo no urbanizable, aunque estas dos actuaciones se presentan con un fin de favorecer la vivienda de protección oficial.

Por parte del gobierno local no se ha explicado cómo se van a aplicar las previsiones que fija el PGM para regular ese crecimiento, ya que solo de sectores residenciales de prioridad uno, con o sin ordenación detallada por el plan, y de terreno que ya es urbano el consistorio puede recibir consultas para ejecutar más de 20.000 pisos en las semanas siguientes a la aprobación del plan general. Una de las justificaciones dadas por el gobierno para ese excesivo crecimiento, que genera unas expectativas de negocio para los que tengan la titularidad de un suelo que se convierte en urbanizable, es que así se obtienen amplias zonas de suelo en Montaña y Sierrilla, que pasan a ser del ayuntamiento.

ALEGACIONES La comisión dictaminó en base a informes técnicos sobre el contenido de las alegaciones y así se defendió la necesidad de mantener el núcleo de segunda residencia de la estación, ya que es una demanda no cubierta por el plan general de urbanismo en vigor y que propicia el desarrollo de actuaciones ilegales, como las hechas en los Llanos. Las alegaciones que se dictaminaron ayer no son las únicas que hacen referencia a la estación y todavía faltan por abordar las de los grupos políticos. Lo que ya sí se acordó ayer fue que la conservación del polígono sea con cargo a los propietarios de las viviendas que se hagan.

De la comisión también destaca la desestimación de alegaciones para la creación de nuevos suelos urbanizables en la finca el Colmenarejo, junto a El Majón, entre la carretera de Casar y la de Salamanca (en terrenos que entran dentro de la ZEPA) o al lado del polígono ganadero. Tampoco se estimaron alegaciones para construir junto a la Zambomba, para cambiar las condiciones previstas para desarrollar el sector del ferial o para que en Charca Musia se permitan los usos residenciales y terciarios como predominantes.