Los parámetros de calidad del agua para su consumo en Cáceres estuvieron dentro de los niveles exigidos por la legislación estatal en el millar de muestreos y en los, al menos, trece análisis completos que el pasado año realizaron Canal de Isabel II y el ayuntamiento. El índice de trihalometanos fue siempre inferior a los 150 microgramos/litro (valor máximo que da la legislación de calidad del agua para garantizar que no tiene incidencia en la salud). Este resultado no coincide con el adelantado el pasado jueves por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que detectó niveles superiores a 150 microgramos/litro en una muestra de agua del grifo que se recogió el pasado 26 de septiembre.
La OCU avisa en un informe que se publica en su revista del mes de marzo de los riesgos que para la salud supone la ingesta continuada de trihalometanos, que son sustancias químicas que aparecen en el agua al tratarla con elementos como el cloro o el fluor, y pone en entredicho la calidad y la potabilidad del agua que sale del grifo en Cáceres.
El gobierno local, al igual que el jueves y el viernes, volvió ayer a defender que el agua de Cáceres reúne todas las condiciones para su consumo, y lo hizo tras una reunión convocada por el alcalde con los portavoces de los grupos políticos municipales para informar de las medidas a tomar ante la OCU y de los resultados de análisis realizados durante el pasado año. En esa reunión se detallaron datos que sobre trihalometanos se sacaron en trece estudios hechos durante el 2005.
El portavoz adjunto del gobierno local, Francisco Javier Castellano, precisó tras el encuentro de los portavoces que se requerirá a la OCU toda la información del análisis realizado en Cáceres, sobre todo la relativa al sitio donde se cogió la muestra de agua, ya que lo único que se sabe es que fue en un domicilio.
Este dato, que por parte del consistorio se estima necesario, se reclama por dos motivos. El primero es porque los análisis de trihalometanos se realizan en la estación de tratamiento de agua potable, en depósitos o en la red, y no en la que sale de los grifos, que lleva otro control según la legislación estatal. El segundo es que se quiere conocer si en el resultado inciden otras circunstancias como, por ejemplo, que el agua del domicilio donde se ha cogido la muestra proceda de un depósito de una vivienda y no sea directamente de la red.
MUESTREOS El gobierno también requerirá a la OCU que le envíe la muestra de agua para realizar un contranálisis, dado que "las muestras de analíticas deben tener su contranálisis", manifestó Rafael Valiente, asesor técnico municipal, que acompañaba a Castellano, quien puntualizó que frente a un muestreo que realiza la OCU, el ayuntamiento y la empresa Canal de Isabel II efectúan varios estudios completos al año y "veintiún análisis a la semana", agregó.
El portavoz detalló que fue el 21 de febrero, dos días antes de que la OCU hiciese público su informe, cuando desde la organización se remitió un escrito al ayuntamiento sobre el resultado de su muestreo, información que no entró en el registro del ayuntamiento hasta el pasado 23 de febrero, hecho que, según Castellano, "resta credibilidad al informe", ya que si los datos que aparecen en el mismo pusiesen en peligro la potabilidad del agua "se nos habría informado en el mismo mes de septiembre o en octubre, y se hubiese corregido", indicó el portavoz.
Aunque todos los datos de los análisis del ayuntamiento están por debajo de los 150 microgramos/litro, también destaca que muchos de ellos están por encima de 100, que es el nivel que no se tendrá que superar a partir del 1 de enero del año 2009.
Precisamente, desde los grupos políticos del PSOE y de IU se pidió ayer al gobierno información sobre las medidas a adoptar para ir rebajando los niveles de trihalometanos. La portavoz del grupo socialista, Carmen Heras, insistió en que se pida a la OCU toda la información, dado que hay "una sospecha sobre una situación de riesgo que hay que aclarar". Heras precisó que lo que se hable de esta cuestión por parte de todos se dé "fundamentado y por escrito". El portavoz de IU, Santiago Pavón, planteó que un laboratorio independiente haga análisis, "aunque al final se ha quedado en que se faciliten los informes --agregó--, con los parámetros, a los grupos políticos, a las asociaciones vecinales y a la ciudadanía en general".
