El sábado pasado se cumplieron seis meses desde que la Agencia Extremeña de la Vivienda llevó a cabo los desalojos de varios ocupantes ilegales de pisos sociales de Aldea Moret con la ayuda de un fuerte dispositivo de antidisturbios. Con esta actuación, "que pretendía ser ejemplar", apunta la coordinadora de la medida, la Agencia ha podido recuperar hasta ahora 118 viviendas en total, que se espera lleguen a las 130 en las próximas semanas. Sesenta de estos pisos corresponden a la actuación llevada a cabo hace dos años, el resto son fruto de los desalojos de marzo y entregas de llave voluntarias por parte de los inquilinos ilegales.

Aún existen viviendas ocupadas de forma irregular, una situación que consiente la Agencia por las circunstancias económicas y sociales de sus inquilinos. "Muchos no pueden alquilar otra vivienda, pero todas los casos están controlados y se tiene una renuncia por escrito de las casas", explica la misma técnico de la Agencia. "Se ha logrado que muchos paguen los pisos fraccionando el pago".

Todas las viviendas vacías se están adecentando y volverán a salir a concurso próximamente para su readjudicación. Además de las reparaciones, desde la nueva oficina de la Agencia en la calle Ródano se está impulsando la constitución de las comunidades de vecinos para normalizar la convivencia en cada bloque y el pago de los gastos comunes.

En estos seis meses, la nueva imagen de los bloques sociales de las calles Ródano, Juan García García y Germán Sellers de Paz (La Esperanza) empieza a ser visible. Paredes recién pintadas, portales limpios, ascensores que funcionan, buzones y porteros automáticos nuevos... Con este lavado de cara y la intervención social con las aulas de formación, la Agencia confía en ahuyentar la reticencia por vivir en el barrio. De hecho, en el 2001 treinta familias se negaron a ocupar las viviendas que la Junta les adjudicó en Aldea Moret.