La deuda del ayuntamiento tiene tres grandes partidas. La primera es la que está reconocida en un presupuesto (lo que avala su pago, aunque cuándo y cómo dependerá de que se cumplan las previsiones de ingresos). La segunda es la deuda con entidades bancarias, que es de dos tipos: a largo y corto plazo, que son operaciones para responder a necesidades transitorias de liquidez (el abono de los intereses y de las amortizaciones de las operaciones a largo plazo está garantizado en los presupuestos). La tercera es la deuda no reconocida, su pago no está respaldado por unos presupuestos, bien porque se ha producido por mala gestión (se ha gastado sin contar con fondos o no se ha hecho una previsión suficiente) o a causa de imprevistos o de sentencias. Este débito afecta a 78 acreedores --cuadro--.
El débito de la primera es de 16 millones, según datos dados en el último pleno, la de operaciones a largo plazo ascendía a 15 millones en enero, mientras que por la tercera hay un débito de 25,3. A estas cantidades hay que sumar las expropiaciones aún pendientes.
La última es la que más preocupa al gobierno y es causa de disputa con el PP, ya que gran parte procede de su etapa de gobierno. Sin embargo, un tercio del total de esta deuda es de sentencias firmes por expropiaciones de terrenos. Otro porcentaje elevado es de la deuda con empresas que gestionan servicios municipales, destacan 5,7 millones a Conyser, y hay un millón a pequeños y medianos proveedores, que es, junto al débito por urbanizaciones y a concesionarias, el más polémico, ya que se deberá detallar qué motivo el gasto y por qué se contrató con esa empresa o autónomo.
