Han sido varias las veces que la Asociación de Damnificados de la Asistida ha solicitado al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) información sobre el número real de fallecidos y lo ocurrido en este centro durante la pandemia del coronavirus, ya que ha sido uno de los más afectados durante la primera ola. El director gerente de este servicio, José Vicente Granados, ha remitido a este colectivo un detallado informe con los datos que reclamaban.
El documento, elaborado en base a la información facilitada por la dirección del centro, se detalla que durante el Estado de Alarma fallecieron en esta residencia 93 mayores de los 310 usuarios que tenía (el centro cuenta con 320 plazas). De ellos, 18 murieron por causas ajenas al coronavirus (el 6%), 31 fueron confirmados como fallecidos por covid (10%) y 44 fueron calificados como «posibles o probables de covid-19» (14%). Es decir, en total, según los datos oficiales, fallecieron 75 usuarios con covid confirmado o probable. El mes que más muertes se registraron a causa de la enfermedad fue abril, con 65 fallecidos confirmados o considerados probables covid.
No se registran muertes a causa de la infección desde el 10 de mayo, aunque desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del año pasado fallecieron otras 36 personas, sin que se pueda confirmar que la causa haya sido las secuelas de los contagios, ya que, según detalla el documento, habían estado infectados pero «se les había dado de alta con anterioridad». El 52% de los fallecidos tenía entre 80 y 90 años; el 38,7%, más de 90 años y el 9,3% entre los 70 y los 80 años.
En el centro se ha contagiado además el 70% de los residentes (218 de los 310 que había a fecha del 14 de marzo). De ellos, 109 tuvieron síntomas y el resto eran asintomáticos y fueron detectados en los cribados realizados.
Por último, el informe aclara que sí se derivó a usuarios a los hospitales de la ciudad (en aquel momento, tanto el San Pedro de Alcántara como el Nuestra Señora de la Montaña atendían a pacientes covid). En concreto, se trasladó a 48 residentes, de los que 14 fallecieron en uno de estos centros hospitalarios. Las derivaciones se hacían «siempre por prescripciones de los médicos del centro o del PAC correspondiente», que acudían también a la residencia para valorar a los enfermos. No existía, insiste el Sepad, «ningún protocolo que determinara el traslado de los mayores» a los hospitales. Como tampoco existió, aclara este servicio, «instrucción alguna de prohibir las mascarillas dentro del centro», como ha denunciado la asociación de damnificados.
Cabe recordar que el juzgado investiga a esta residencia por una querella interpuesta por este colectivo, que acusa al geriátrico de un posible delito de homicidio por imprudencia, por las muertes, y de omisión del deber de socorro, por no llevarlos al hospital.
