Cerca de 80 bomberos volvieron ayer a hacer acto de presencia en el pleno de la diputación en señal de protesta por el nuevo consorcio de la institución provincial y los ayuntamientos para la gestión del servicio. Vestidos con monos de color naranja y mascarillas, los agentes entraron en el salón de plenos a los 25 minutos de comenzar la sesión, sin que se produjera ningún incidente, tan solo dos peticiones de silencio del presidente provincial. Su asistencia a otros plenos con el uniforme de trabajo acarreó la apertura de expedientes.

En un comunicado firmado por el colectivo de bomberos del Sepei, denunciaron que el consorcio "supone un despilfarro, ya que su nacimiento conlleva la creación de nuevos servicios y cargos para la gestión, que supondrán una duplicidad del gasto actual de la diputación".

En este sentido, calificaron esta fórmula como "una privatización encubierta del servicio, como represalia a nuestras actuaciones en pro de mejoras para nuestro colectivo y mejor desarrollo del servicio". Según los trabajadores, "atenta contra la estabilidad y seguridad en el empleo y el de los futuros bomberos y contra el establecimiento de un servicio esencial". Afirmaron que, casi un año después de la huelga, "las cosas han cambiado poco, ya que aún no se ha entregado la mayoría del vestuario y algunos equipos de protección".

Por otro lado, los tres bomberos sancionados por el pleno del 30 diciembre presentaron ayer un recurso de reposición para que, en un mes, la diputación resuelva si mantiene los expedientes antes de que acudan a tribunales. Anteriormente, Tovar dijo en el pleno que las sanciones están suspendidas cautelarmente hasta la decisión de la justicia. El abogado de los agentes manifestó ayer su disposición de esperar a la resolución del recurso antes de ir a la vía judicial.