El 90% de los juicios que se celebran en juzgados cacereños por delitos contra la seguridad del tráfico --unos 300 al año-- se resuelven con sentencias condenatorias para los autores. Pero pese a este alto índice de condenas las causas penales por este tipo de delitos siguen aumentando, de hecho, mientras que en el año 2005 se registraron en la provincia de Cáceres 240 causas penales por delitos de tráfico --de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, conducción temeraria, conducción suicida...--, el año pasado la cifra fue de 267.

Esto es algo que abogados, jueces y fiscales consideran se debe, posiblemente, al hecho de que las penas para estos delitos no son muy severas, ya que por lo general son multas --de entre 400 y 1.500 euros-- y privación del derecho a conducir entre 1 y 2 años; y en el caso de ser de prisión no suelen conllevar el ingreso en la cárcel por ser casi siempre de menos de dos años y carecer los autores de antecedentes penales. Pero el tema de la seguridad vial preocupa, y mucho, pues como se ha dicho las causas penales relativas al tráfico suben, como también las víctimas, ya que según las estadísticas mientras que en el 2005 fueron en la provincia 40 los muertos en accidentes de tráfico, el año pasado la cifra se elevó hasta 53.

Es por ello que la Fiscalía consideró adecuado contar con un fiscal de Seguridad Vial, cargo que ocupa desde hace un año el teniente-fiscal, Javier Montero. El objetivo de la especialización fiscal en esta materia responde, según el propio Montero, "a conseguir que estos delitos, tanto las imprudencias como los delitos dolosos, tengan un tratamiento unitario y riguroso; que los hechos graves no sean archivados o calificados como faltas y no tengan penas benévolas; y que en hechos graves o imprudencias graves se castigue con dureza e incluso, en algunos casos y si es necesario, con penas de prisión".

Mayor durezaEsta mayor dureza y rigor que se ha marcado desde la Fiscalía para los delitos contra la seguridad del tráfico ya se está dejando notar. Así, como ejemplos, el fiscal de Seguridad Vial indicó a EL PERIODICO que ya se ha decretado en Plasencia una prisión preventiva para un conductor que atropelló mortalmente a una mujer y se marchó del lugar; y también se ha pedido en Cáceres pena de prisión para un conductor reincidente, que cometía por tercera vez un delito de tráfico. Matizó, no obstante, que la prisión preventiva es una medida excepcional que, en principio, no se va a adoptar de forma generalizada en todos los delitos de tráfico, sino solo en los casos más graves, como en los que haya habido una imprudencia importante, una muerte, omisión el deber de socorro...

"En estos casos sí se pedirá la prisión preventiva para dar una respuesta social adecuada, pero no en todos, pues no se trata de criminalizar a todos los conductores enviándolos a todos a prisión, pero sí que se ha de tener claro que desde la Fiscalía se va a actuar con dureza en los delitos contra la seguridad del tráfico, pues estamos ante hechos que pueden ser muy graves, ya que el vehículo mal usado puede ser en potencia un arma homicida".

Y advirtió al mismo tiempo que desde la Fiscalía no se permitirá que queden impunes los hechos graves, como aquellos que tenga como consecuencia lesiones graves o muertes, "ya que en estos casos se va a proceder de oficio por parte del Ministerio Fiscal, lo que significa que aunque las partes lleguen a un acuerdo, algo que es bastante frecuente y por lo general económico, si el fiscal estima que el hecho es grave y merece condena, seguirá adelante hasta que el autor sea condenado".