Los abogados ejercen una labor social poco conocida y reconocida. La imagen predominante es la del entendido en leyes que cobra minutas astronómicas, pero no siempre es así, en muchas ocasiones es todo lo contrario. De hecho, los abogados cacereños realizaron a lo largo del año pasado 3.813 asistencias gratuitas a personas que carecen de recursos económicos suficientes para pagarse uno privado y poder acceder así a la justicia, según datos de la primera memoria de actividades del colegio profesional de la provincia que se presentó públicamente ayer.

Víctimas de violencia de género, presos, discapacitados, detenidos o los ciudadanos más desfavorecidos reciben asistencia letrada profesional sin tener que pagar por ello. La función social que prestan los abogados es, por lo tanto, "trascendental", valoró ayer el decano del colegio, Carmelo Gascón, y es una circunstancia que "diferencia a nuestro colegio del resto".

Solo en los conocidos turnos de oficio, asistencia a detenidos y menores implicados en delitos, se tramitaron 2.991 asuntos, atendiendo una media de ocho detenidos al día. El Servicio de Asistencia a Mujeres Víctimas de Violencia de Género atendió a 314 maltratadas que generaron más de 1.100 asistencias jurídicas. Los procesos penales fueron los que generaron mayor demanda de asistencia gratuita (2.030 asuntos), seguido de la civil (1.067).

Un abogado de oficio está al alcance de las personas que no superen el doble del Salario Mínimo Interprofesional, con la excepción de familias numerosas, discapacitados o circunstancias especiales en las que ese requisito se flexibiliza. Gascón destacó la calidad y profesionalidad de los letrados de oficio, que reciben a cambio una pequeña indemnización , como así se denomina a sus honorarios, del Estado.

Quienes no cobran ni siquiera esa indemnización son los seis letrados del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, que llevan dos años ofreciendo asesoramiento y asistencia a los presos de Cáceres. Solo el año pasado atendieron a 321 reclusos.

OBSERVATORIO DE DERECHOS El colegio de abogados ya tiene en proyecto la creación de nuevos servicios que amplíen su labor social. En ese sentido, el decano anunció ayer la puesta en marcha en breve de un turno específico de asistencia a los mayores, ya que se ha detectado que es un colectivo que tiene unas carencias especiales y que requiere de letrados especialmente concienciados.

Este servicio ya funciona en media docena de provincias y su cometido es cubrir todas las necesidades jurídicas que pueda tener este sector, desde problemas con su pensión o desahucios, por ejemplo.

Igualmente, en otoño está previsto que comience a funcionar el Observatorio de Derechos Humanos, que se creará conjuntamente con el colegio de Badajoz y que pretende ser un termómetro de la situación y vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Gascón recordó la aspiración de contar próximamente con una nueva sede, previsiblemente en las proximidades del palacio de justicia de la avenida de la Hispanidad, que permita prestar un servicio "digno" tanto a los 874 colegiados, como a los ciudadanos. No en vano más de 7.500 pasaron el año pasado por la sede actual para solicitar algún tipo de información legal.