Unos 200 abogados se unen para exigir soluciones al problema del turno de oficio, ya que llevan sin cobrar los trabajos que realizan desde el mes de octubre. Plantean realizar una huelga como medida de presión, aunque sería una huelga de celo ,porque los letrados del turno de oficio no tienen derecho a este tipo de movilizaciones, precisamente porque, si ellos dejan de prestar este servicio, no se cumpliría el derecho de defensa, que se considera fundamental.
El principal escollo está en la decisión del Ministerio de Justicia de modificar los criterios para abonar los trabajos que estos letrados realizan, lo que supone que gran parte de los mismos ya no los pueden cobrar. Lo que ocurre es que, desde esta modificación, solo se pagan aquellas asistencias a las personas que hayan justificado ese derecho a justicia gratuita. Sería algo lógico, pero el problema es que los abogados se ven obligados a atender a detenidos y víctimas antes de que presenten los documentos necesarios para acreditar que les corresponde un letrado del turno de oficio. Esto supone que realizan su trabajo y luego el Estado no se lo abona porque ellos no pueden demostrar que se lo han prestado a una persona que tiene derecho a acceder a ello.
Con la huelga de celo lo que buscan es que el servicio se vea afectado pero sin dejar de prestarlo. Así, una de las medidas es agotar las tres horas que establece la ley en la asistencia, es decir, no acudir a asistir a un detenido hasta que pase ese tiempo (hasta ahora no se tarda más de veinte minutos). Esta medida no afectaría a las víctimas de violencia de género y de trata, cuya atención seguirá siendo de carácter inmediato.
Además proponen que las guardias solo sean asistidas por los letrados de guardia o de refuerzo, es decir, no acudirá el del día siguiente si los demás están ocupados. Del mismo modo, estos abogados de guardia solo atenderán las actuaciones en las que haya detenidos, víctimas de violencia de género o de trata o a requerimiento judicial; es decir, no asistirán a la toma de declaraciones en sedes judiciales con personas no detenidas si no es a requerimiento de un juez.
QUE ORGANICE EL COLEGIO / Proponen también que sea el colegio de abogados el que gestione ese turno de oficio, es decir, que los centros de detención se pongan en contacto con este organismo para que derive a un abogado. Y que se cierre una vez a la semana la oficina de atención al público ubicada en el colegio.
Lo que hicieron ayer estos 200 abogados fue presentar un escrito en el colegio para exigir que se lleve a cabo una junta general extraordinaria para abordar este asunto y aprobar, si procede, estas medidas de presión. Dicen que lo hacen ante la «inacción» del mismo, al que reclaman además que exija al Ministerio «una rectificación» y el pago «inmediato» de las cantidades que se adeudan. Es la primera vez en la historia que los letrados se movilizan de esta manera.
