La constructora cacereña Abreu reclama casi dos millones y medio de euros por los daños y perjuicios que el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes le ha causado al impedirle el desarrollo de una promoción de 40 viviendas en su término municipal.

Construcciones Abreu fue el 18 de marzo del 2005 la adjudicataria del concurso abierto por la administración sierrafuenteña referente a la obra 40 viviendas unifamiliares adosadas sitas en la prolongación de las calles Juan Sebastián El Cano, San Isidor y Santísimo Cristo del Risco en Sierra de Fuentes" , por lo que en mayo del mismo año pagó al ayuntamiento 50 millones de las antiguas pesetas (331.157,67 euros).

Pese a la adjudicación, y las diferentes actuaciones que la constructora realizó tras la misma, con los consiguientes gastos, esta no solo no ha podido acometer la obra sino que no podrá hacerlo. "El ayuntamiento argumenta que no se le puede dar la licencia de obras al haber anulado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el plan de ordenamiento urbanístico que regía en Sierra de Fuentes cuando se hizo la adjudicación de este proyecto y haber variado la calificación del terreno donde se iban a construir las 40 viviendas, pero lo cierto es que tampoco están dispuestos a devolver el dinero que Abreu ya ha entregado", manifestó a EL PERIODICO su representante jurídico.

Por ello, ante la falta de entendimiento, "no ha quedado más remedio que acudir a la justicia", y el pasado miércoles, 28 de marzo, Construcciones Abreu interpuso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres una demanda contra el Ayuntamiento de Sierra de Fuentes y contra la Junta de Extremadura, "como posible responsable subsidiaria, ya que la comisión regional de urbanismo dio el visto bueno al proyecto que Abreu iba a realizar en este municipio". Solicita en su demanda que se declare la responsabilidad patrimonial de ambas administraciones y se le reconozca a Abreu el derecho a percibir una indemnización de 2.330.005,29 euros.

ARGUMENTOS Antes de llegar a la via judicial, aseguró el representante de la constructora, esta ha intentado un acuerdo, "incluso estaría dispuesta a desistir si se garantizase el proyecto con el compromiso de la recalificación del terreno, cuando fuera posible", pero no se ha conseguido, "y lo que no va a hacer la empresa es perder el dinero que ya ha invertido, ni su prestigio".

Y es que, según se recoge en la demanda, Abreu ha abonado hasta la fecha 467.180,75 euros, cantidad resultante del pago realizado al ayuntamiento en concepto de adjudicación de la obra, de los pagos trimestrales por comisiones y gastos del aval bancario presentado a requerimiento del ayuntamiento, honorarios profesionales por el proyecto de obras, gastos de notaría, del registro de la propiedad, de publicidad, de la agencia inmobiliaria donde ya se habían puesto a la venta las viviendas, de excavación, cerramiento y vallado de la parcela... A esto suma lo que se ha dejado de ingresar, así como los daños morales, "ya que la actuación de la administración ha conllevado un desprestigio profesional en el sector, pues ya se habían vendido cinco viviendas y se han tenido que devolver a los interesados las cantidades que habían depositado".

El Ayuntamiento de Sierra de Fuentes discrepa. Por la secretaría municipal --con el alcalde intentó ayer este diario contactar pero fue imposible-- se señaló que el problema ha sido que Abreu "ha demorado mucho la presentación de la documentación, tanto del proyecto de urbanización como de las viviendas, y cuando la ha presentado resulta que el TSJEx ya había anulado las normas en las que se basaba esa autorización, con lo cual le da una calificación jurídica a ese terreno distinta de la que tenía".

Se aseguró, asimismo, que Abreu lo único que quiere es la licencia de obras, "algo que no puede darse porque ahora hay una normativa que le ata las manos al alcalde y a la corporación". No quieren otra solución, "pues de hecho puede construir, aunque no lo que tenían previsto, ya que con el PGOU del 2002, en vigor cuando se adquirió el terreno, podían hacer unifamiliares adosadas, pero al haber sido anulado este por el TSJEx lo que ahora están en vigor son las normas subsidiarias de 1992, que solo permiten en ese terreno unifamiliares aisladas".