Acciona, empresa que gestiona el abastecimiento y la depuración del agua, se enfrenta al pago de más de 300.000 euros tras la sentencia de la Sala de lo Social del TSJ que obliga a la compañía a revisar el salario que cobran los trabajadores adscritos a este servicio que es titularidad del ayuntamiento. Son unos noventa empleados. Esta cantidad podría acabar repercutiendo en la tarifa que pagan los usuarios, ya que el de personal es uno de los costes que inciden en el precio del agua y el alcantarillado. La sentencia, que es del 23 de julio, no es firme. Se puede recurrir, aunque por parte de la empresa aún no se ha anunciado si se irá al Tribunal Supremo.
La sentencia estima el recurso interpuesto por el servicio jurídico de UGT en representación de los trabajadores. Los empleados tienen congelado su sueldo desde 2010, año en el que también se les recortó un 5% el salario al afectarles el real decreto ley de medidas extraordinarias para reducir el déficit público.
El tribunal obliga a Acciona a incrementar los salarios con caracter retroactivo a partir del 1 de enero de 2012 aplicando para ese año el IPC de 2011, que fue del 2,4%, y para las nóminas de 2013 el IPC del 2012, que fue del 2,9%. Además anula el recorte del 5% por la aplicación del real decreto ley de mayo de 2010.
La explicación de la decisión de la Sala del TSJ está en que la congelación y el recorte del 5% en los salarios se produjo cuando el servicio estaba gestionado por Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid. Por esta razón se aplicó a los trabajadores las disminución del real decreto ley de mayo de 2010 al igual que al resto de los empleados del sector público.
El 1 de enero de 2012 entró Acciona tras ganar el concurso que convocó el ayuntamiento. La gestión del servicio y los empleados pasaron a depender de esta empresa, que es privada.
La Sala de la Social del TSJ no acepta en su sentencia el argumento de Acciona para no aplicar el IPC del 2011. La empresa defendía que antes de comenzar con su gestión la Comunidad de Madrid había aprobado la congelación de los salarios en su ley de presupuestos de 2012, decisión que afectaba a los trabajadores de Cáceres, por tanto los empleados se subrogaron a Acciona cuando ya había un acuerdo de congelación de salarios.
La Sala no admite este razonamiento porque la ley de presupuestos y el real decreto ley de medidas extraordinarias para reducir el déficit público afectan al sector público (Canal de Isabel II) y no al privado (Acciona).
La Sala acepta el razonamiento del servicio jurídico de UGT, que en su recurso recordaba que "la singularidad de la empresa saliente --Canal de Isabel II--, una empresa pública, no es de aplicación a una empresa privada y por tanto dicha minoración salarial --el recorte del 5%-- tras la subrogación es ilegal".
La Sala asegura que se tiene que aplicar el convenio colectivo que para el centro de Cáceres firmaron los trabajadores del servicio con Canal de Isabel II. Pese a que Canal de Isabel II lo denunció en noviembre del 2010, este convenio sigue vigente en su regulación salarial, en la que establece que los sueldos se revisarán anualmente conforme al IPC real. En este punto la Sala coincide con el juzgado de lo Social, que en una sentencia anterior dictaminó que el convenio colectivo seguía en vigor en su regulación de la revisión de los salarios, aceptando el recurso que en su momento presentó el servicio jurídico de UGT. El juzgado no reconoció entonces la revocación del recorte del 5% de los salarios, que ahora la Sala de lo Social del TSJ sí acepta.
VALORACION "La sentencia supone el reconocimiento a los trabajadores de un derecho que le corresponde al entender la Sala que el convenio está plenamente en vigor", explicó ayer el abogado de UGT José Pablo Iglesias. "Además la Sala reconoce que la reducción de un 5% que mantenía Acciona como consecuencia de la subrogación no podía aplicarla. La reducción del 5% aplicada por Canal era legal al ser una empresa pública, pero Acciona no la podía mantener al ser privada", añadió el letrado.
En el pliego de condiciones del concurso que convocó el ayuntamiento y que ganó Acciona aparece el listado de los trabajadores que se tenían que subrogar con el importe total de sus retribuciones referidas al ejercicio de 2010. La retribución anual era de 2,1 millones, que con el gasto en seguridad social daba un importe total de 2,8 millones. Estas cantidades eran para una plantilla de 96 trabajadores, en la actual se han producido algunas bajas. La aplicación de la sentencia desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de julio de 2013 puede acarrear unos costes de más de 300.000 euros.
