Cáceres no recibe refugiados. Como tampoco lo hace ninguna otra ciudad de España. A pesar de la crisis migratoria provocada por la guerra de Siria, hasta el 31 de diciembre del 2015 España solo había ofrecido asilo a 18 refugiados, de los 16.231 que nuestro país aceptó acoger en un principio. Datos que chocan con las estadísticas a nivel europeo. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde enero del 2015 más de un millón de migrantes han cruzado las fronteras del viejo continente y solo en lo que va de 2016, más de 45.000 han llegado a Grecia.
Una situación que ha provocado la denuncia de colectivos como la Diócesis Coria-Cáceres. Su director, José Manuel López, criticó que no haya llegado ni una veintena de refugiados a España cuando solo en el caso de Extremadura se habló de que podrían llegar unos 350. "Está todo en el aire y paralizado", aseguró López, si bien explicó que "España no es un destino preferente para los refugiados porque, aunque adquieren unos derechos al llegar al país, también deben cumplir unas exigencias de residencia por un determinado tiempo, condición que no resulta atractiva para los refugiados que prefieren quedarse en países como Alemania o en el norte de Europa, donde hay más trabajo".
Por su parte, la Junta de Extremadura se encuentra "preparada y a la espera" desde hace meses. En ese sentido, la 'pelota' está en el tejado del Gobierno de España, quien tiene que determinar cuántos refugiados acoge y a qué comunidades irán destinados. El gobierno regional asegura que ya constituyó la Comisión Interdepartamental con la que se elaboró el inventario de recursos y servicios de la comunidad autónoma para acoger a los refugiados sirios, cuyo resultado fue remitido al Gobierno de España el pasado mes de septiembre.
Sobre el dispositivo previsto, la Junta ratifica que los recursos, aquellos dispositivos donde se podrán ubicar las familias de refugiados que llegarán en la fase de acogida, que han sido enviados al Gobierno de España están dispuestos para funcionar.
Asimismo, además de los recursos, el gobierno regional destaca que, durante los seis primeros meses, colaborará en la materia la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), plataforma que ofrecerá a los refugiados apoyo psicosocial, jurídico, educativo y sanitario (en los dos últimos casos con "plenas competencias" desde la propia Junta de Extremadura).
Por otra parte, cabe diferenciar entre inmigrante y refugiado, ya que en ambos casos los derechos y las obligaciones de la persona son muy diferentes. En cuanto a los deberes, los refugiados deben cumplir con las mismas obligaciones de los ciudadanos del país de acogida, como acatar sus leyes y reglamentos.
DERECHOS Con respecto a los derechos, además de los recogidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951, en España los refugiados tienen derecho a asistencia para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas, mediante una red de centros de acogida distribuida por todo el territorio nacional, así como derecho a la educación pública en los mismos términos que los ciudadanos del país. En el caso de la enseñanza no elemental, los refugiados tienen los mismos derechos que los extranjeros en general.
Igualmente, los refugiados disponen de derecho al empleo --en el caso de España a partir del sexto mes desde que se formaliza su solicitud de asilo--, pudiendo solicitar apoyo y orientación de entidades sociales y centros de acogida en la búsqueda del mismo. Antes, durante los seis primeros meses de estancia, cuentan con derecho a recibir formación en el idioma --en caso de no conocerlo--, así como a participar en cursos destinados a mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral. En ese sentido, pueden inscribirse en los Servicios Públicos de Empleo y solicitar la homologación de sus estudios si lo desean.
Por último, como también recoge el texto de la Convención de Naciones Unidas en 1951, los refugiados tienen derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y no pueden ser expulsados a no ser que se deba a una cuestión de razones de seguridad nacional o de orden público.
