La pasada semana la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) anunciaba un acuerdo con Hacienda para flexibilizar la regla de gasto, límite que el ministerio aplica a los ayuntamientos. En 2018 esa tasa fue del 2,4%. En el caso del Ayuntamiento de Cáceres, que en 2017 tuvo un gasto computable a efectos de aplicar la regla de 57.390.323 euros, en 2018 no podía superar los 58.767.691 euros, aunque estuvo por debajo, quedó en 57.293.131 euros, para cumplir con la limitación establecida por Hacienda. Otro anuncio hecho por la Femp es que también se ha llegado con el ministerio a un acuerdo para flexibilizar el destino del superávit presupuestario, medidas con las que los gobiernos locales «estarán menos limitados para elaborar unos presupuestos eficaces». La elaboración de esas cuentas, las del ejercicio de 2020, será el primer reto importante al que se enfrentará el gobierno local de Luis Salaya, que está en minoría y que parte ahora con un presupuesto prorrogado (las cuentas municipales de 2019 son una prórroga de las de 2018).

Otro asunto pendiente entre los municipios y el ministerio es la nueva regulación normativa del impuesto de Plusvalía para adaptarse a la sentencia del Constitucional, «una cuestión aún pendiente que ha hecho que la mayor parte de las entidades locales hayan suspendido su cobro», recordó la Femp.