El ayuntamiento y la Junta se tendrán que poner de acuerdo para el pago de la deuda pendiente de abonar a Placonsa de las últimas certificaciones de la reforma de la plaza Mayor, en uso desde la primavera de 2011. La Junta afirmó ayer que no es válido el acuerdo tomado el 17 de febrero de 2015 por el consorcio Cáceres 2016. En esa reunión se decidió que la Junta ponía 1.163.145 euros y el consistorio 600.000 para atender el principal de la deuda, que era de 1.767.628 euros cuando en 2012 Placonsa reclamó ante los tribunales al consorcio Cáceres 2016, a la Consejería de Educación y al consistorio el pago de la deuda.
Este asunto se vuelve a plantear ahora por la sentencia del Supremo que desestima el recurso de la Junta contra la resolución del TSJEx de diciembre de 2014 que estimó la reclamación de Placonsa y declaró la obligación del consorcio, de la Junta y del ayuntamiento de abonar 1.767.628 euros a la empresa más el pago de los intereses (suman ya más de 200.000 euros).
La Junta sostuvo ayer que los acuerdos que se adoptaron el 17 de febrero de 2015 no son válidos porque "no se reunió el órgano legitimado" para tomar la decisión, que es el consejo de dirección del consorcio. La cita del 17 de febrero "fue de representantes de algunos de los miembros del consorcio, que no estaban legitimados para la toma de acuerdos, según los estatuto de Cáceres 2016", añadió la Junta.
Esta interpretación no coincide con la que dio el ayuntamiento en febrero de 2015 cuando recordó que la reunión fue "para cerrar" la liquidación del consorcio, un encuentro que se produjo porque la decisión de disolución anterior, de junio de 2011, se hizo "sin los fondos necesarios" para la liquidación cuando se arrastraba una deuda superior a los 1,7 millones de la remodelación de la plaza.
Ahora la liquidación de 2015 tampoco valdría porque "está pendiente de que se apruebe por el consejo de dirección" del consorcio, recordó ayer la Junta, que detalló que el secretario general de Presidencia de la Junta, como presidente de la comisión liquidadora, se ha dirigido a la alcaldesa, Elena Nevado, para que como presidenta del consorcio convoque una sesión extraordinaria del consejo de dirección para decidir "el balance final y la cuota de liquidación" que toca a cada uno.
La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, aseguró ayer, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que se estudiará "cómo hacer frente" a la sentencia.
El gobierno local, que en un principio recordó ayer el acuerdo de febrero de 2015, aplazó su valoración. Nevado se refirió a este asunto, sin quitar validez al compromiso de febrero de 2015, en el último pleno del ayuntamiento, anterior a la sentencia del Supremo, al recordar la responsabilidad de la Junta en el pago de la obra de reforma porque en el primer mandato de Vara (2007-2011) hubo un acuerdo con el consistorio.
