Los disturbios ocurridos en La Madrila en la madrugada del 6 de octubre del año 2002 marcaron un antes y un después en la movida cacereña. Nada ha vuelto a ser igual desde entonces. Aquellos sucesos provocaron un despliegue policial sin precedentes y el cumplimiento estricto de los horarios de cierre obligó a cambiar licencias de establecimientos. Desde entonces, los noctámbulos cambiaron sus hábitos y un grupo de hosteleros iniciaron una batalla legal contra el ayuntamiento cacereño.
Ante la gravedad de los sucesos, el Gobierno tuvo que desplazar a la ciudad a unidades especiales de antidisturbios en seis ocasiones durante el último trimestre del año pasado. Mientras tanto, algunos bares de La Madrila aprovecharon que la ley les permitía abrir a partir de las seis de la mañana, mientras 15 locales conseguían en diciembre un cambio de licencia para poder cerrar a las tres.
La vuelta de tuerca llegó en marzo con la entrada en vigor de la Ley de Convivencia y Ocio de la Junta de Extremadura, que obligó a trasladar el botellón fuera del casco urbano. Antes de ello, la reducida oferta de locales abiertos había provocado un aumento de jóvenes en la plaza Mayor y la prolongación del botellón hasta las cinco.
Las medidas para frenar la movida llevaron a la crisis a muchos hosteleros que tuvieron que aplicar fórmulas nuevas a sus negocios. Terrazas de verano en La Madrila, apertura de locales al amanecer y la cesión sin concurso público del recinto hípico a cinco hosteleros para instalar una pista de verano.
La "autorización" municipal provocó la ira de otros propietarios que pusieron el caso en manos de abogados por un presunto delito de prevaricación del alcalde y del edil de Juventud Javier Castellano. Un ejemplo más de una movida que no cesa desde los sucesos del 6 de octubre.
