Los representantes municipales de seis ciudades españolas en las que, según un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el agua no es potable, solicitarán todos los datos pormenorizados del estudio, incluyendo los relativos a la toma y puntos de muestra, antes de una semana.En caso de que en ese plazo no se reciba la información requerida, recurrirán a vías judiciales, según acordaron esta mañana en una reunión de cuyas conclusiones informó el alcalde de Ciudad Real, Francisco Gil-Ortega.La OCU publicó el mes pasado que el agua del grifo de las ciudades de Cáceres, Ciudad Real, Zamora y parte de Alicante, Avila y Murcia no es potable debido a un exceso de trihalometanos, unas sustancias con efectos dañinos demostrados.Los alcaldes y tenientes de alcalde de las ciudades en cuestión junto a representantes de las empresas administradoras de agua Aquagest, Aqualia, Canal Isabel II y Aguas de Alicante se reunieron en Madrid para acordar una serie de medidas con el objetivo de tranquilizar a los ciudadanos y defender los intereses de los mismos.En declaraciones a los medios Gil-Ortega afirmó no entender "cómo una organización como la OCU -que se autodenomina defensora de los consumidores- haya creado esta alarma social".Según el alcalde, el informe "no está basado en un estudio científico y serio continuado" y apuntó que la OCU presentó los resultados seis meses después de tomar las muestras, "sin haber contado con la autoridad sanitaria a la hora de dar la información al consumidor".Los participantes acordaron mantener la unidad de los seis ayuntamientos en todas las actuaciones y también en garantizar que el agua es apta para el consumo humano, tal y como avala el Ministerio de Sanidad, explicó Gil-Ortega.Además, solicitarán una reunión urgente con la ministra de Sanidad, Elena Salgado, en la que participen los seis ayuntamientos en cuestión.Para Francisco Gil-Ortega, es importante que "en el futuro y siempre que la OCU realice otra toma de muestras estén presentes representantes de los ayuntamientos, de las empresas suministradoras y de las comunidades autónomas, a fin de realizar, en cualquier caso, análisis paralelos o contra análisis".