Que se tire el bloque C. Eso es lo que los vecinos de Aldea Moret han vuelto a pedir al Ayuntamiento de Cáceres, esta vez de nuevo en boca de la presidenta del distrito de Santa Bárbara, Guadalupe Iglesias. La responsable vecinal indica que el vecindario quiere que el ayuntamiento agilice la "salida de las personas que viven en 13 pisos de forma ilegal" y que a partir de ese momento, las máquinas inicien el derribo. "La gente quiere eso, que se haga la plaza más grande, que se levante un parquecito para que puedan acudir los niños y los mayores".

Iglesias lamenta que la burocracia sea tan lenta. "Llevamos 12 años luchando por esto --indica-- y ya nos aburrimos. Hasta que no lo veamos no lo creeremos. La palabra está ahí, la duda también", dice la presidenta al referirse a promesas electorales siempre incumplidas.

"Llevamos años --reitera--. Estaba Sánchez Polo con esta canción y hasta ahora. Incluso se habló por entonces de que iban a venir 400 millones de pesetas (que entonces igual que ahora 400 millones eran muchos millones), para hacer un parque en el Cerro de los Pinos. El ayuntamiento aprobó aquello, pero ¿dónde está ese parque, dónde fue a parar ese dinero?", se pregunta Guadalupe Iglesias.

La presidenta indica que si con aquella inversión se hubiera hecho aquel parque "ahora tendríamos una zona verde preciosa, pero no, han consentido que se quemen los pinos. Todos los gobiernos, el de Saponi por ejemplo, han propiciado campañas de plantación de árboles entre los escolares. Entonces reunían a los niños por la mañana, les daban una Coca-Cola y ¡qué felicidad!. Por la tarde los pinos ya habían desaparecido".

A juicio de Iglesias algo semejante sucede con el bloque C. "Los gobiernos nos prometen soluciones, pero la gente dice que hasta que no nos pongan día y hora del derribo no nos creemos nada". La responsable de Santa Bárbara insiste en que esta situación no es solo culpa del Ayuntamiento de Cáceres. "Ahora han puesto aquí en Asuntos Sociales a una chica nueva, con buena voluntad, pero es que no es solo responsabilidad del IMAS, es que también la Junta tiene aquí una serie de viviendas, en las que igualmente se producen problemas sociales. Y todo eso hay que darle una solución. Las administraciones deben trabajar de la mano en este tema".

Aunque en el bloque C, situado en la calle Ródano, se han producido realojos, la expulsión de familias que residen ilegalmente aún no se ha llevado a efecto. La medida debe ponerla en marcha el Instituto Municipal de Asuntos Sociales.