La Plataforma Salvemos la Montaña ha denunciado este martes que los antiguos pozos del paraje Valdeflores siguen abiertos, pese al decreto de la Fiscalía de Medio Ambiente que instaba a su cerramiento.

Según recoge la plataforma en un comunicado, la Fiscal delegada de Medio Ambiente de Cáceres, Olga Suárez, dictó un decreto en agosto de 2018 en el que dispuso que se efectuara una comunicación a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta sobre la existencia de “pozos mineros antiguos con peligro potencial para personas y animales”.

Pozos que, según el escrito de Fiscalía, "tendrían cerramientos deficientes, sin oclusión superior", por lo que existiría un "peligro latente, debido a la profundidad de los mismos" e indicaba las coordenadas de todos ellos.

De hecho, esa peligrosidad fue detectada por los agentes del Seprona, que emitieron un informe a instancias de la Fiscalía. "Estos pozos tienen una profundidad de hasta 50 metros y son peligrosamente accesibles para cualquier persona que pasee o realice deporte por la zona", según el colectivo medioambiental.

A los antiguos pozos, se suman en el mismo valle los sondeos mineros abiertos y las balsas de lodos realizadas, según la plataforma, por la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), durante 2017 y que "carecían de cualquier elemento de protección, con la peligrosidad que suponen para personas y animales".

Esta situación dio lugar a que se presentaran denuncias por la plataforma ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Extremadura y ante el Ayuntamiento de Cáceres (con fecha 2 de enero de 2019).

Según la plataforma, la Junta "reconoció que habían recibido el requerimiento de la Fiscalía y que habían confirmado in situ la deficiente conservación de las actuaciones realizadas en su día y la conveniencia de reforzar los cerramientos de los pozos.

El consistorio "precintó y acordonó superficialmente la zona, por la alarma social que ocasionó el caso del accidente de Totalán". Algunos de estos precintos, según la plataforma, ya no cumplen su función.

Además, la plataforma ha asegurado tener constancia de que el Ayuntamiento requirió a TEL que presentara, en un plazo de 30 días, una "Memoria de Restauración" del área y procediera a la protección de todas las obras e instalaciones que suponían peligrosidad.

"Ni la memoria se ha presentado, ni la restauración se ha llevado a cabo, y ya han trascurrido más de cinco meses de la denuncia", han insistido.