De la investigación que paralelamente han iniciado la Fiscalía del Menor y las fuerzas sindicales podrían derivarse distintas consecuencias para los implicados. En cuanto a la investigación de la fiscalía, si no se encuentran indicios el caso acabaría archivándose, mientras que si en el transcurso de la investigación se encuentran motivos suficientes, se formularía una denuncia ante el juez, que daría lugar a un procedimiento penal.
En cuanto al expediente interno que se ha iniciado para esclarecer el caso si se deriva alguna responsabilidad, los trabajadores afectados podrían enfrentarse a distintas sanciones laborales en función de la gravedad del caso: un apercibimiento verbal o por escrito, suspensión de empleo y sueldo por un periodo de tiempo determinado o incluso el despido.
