La Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo copada por la policía. Era la imagen que podía verse ayer en estas instalaciones del campus cacereño, donde comenzó el juicio por blanqueo de capitales con más acusados celebrado hasta ahora en España; hay 117 (61 mujeres y 56 hombres), a los que se imputa haber defraudado 13 millones de euros procedentes del tráfico de drogas. En el banquillo se sentaban 34 padres de menores de edad con abultadas cuentas bancarias (entre todos suman casi 5 millones de euros).
Más de una veintena de agentes nacionales y locales (Delegación del Gobierno no precisó exactamente el dispositivo alegando motivos de seguridad) se encargó de controlar las inmediaciones, con amplias medidas de seguridad dado la cantidad de personas que se congregaron: los 117 imputados, la mayoría de etnia gitana, fueron acompañados de gran parte de sus familiares.
Así se restringió el acceso al lugar de celebración del juicio solo a las personas que estaban acreditadas (acusados, magistrados, letrados, la representante del Ministerio Público, funcionarios de la Audiencia y medios de comunicación). El resto permaneció en las inmediaciones, que estaban delimitadas por vallas. También se instaló un arco de seguridad justo en la entrada a la sala de vistas, lo que retrasó el comienzo del juicio unos 45 minutos.
La sesión, que se lleva a cabo en la Audiencia Provincial de Cáceres, se celebró en el salón de actos de la facultad, lugar que ha tenido que ser adecuado para este juicio dado que en el palacio de justicia no existen instalaciones lo suficientemente amplias como para albergar una vista de estas características. La sala más grande es en la que se llevan a cabo las sesiones con tribunal del jurado que ha llegado a acoger juicios con hasta 30 acusados, pero esta cuadruplica ese número.
Adecuar el salón de actos de la facultad ha costado al Estado 61.000 euros. La sala está presidida por los tres magistados de la sección segunda de la Audiencia. A su lado se disponen mesas en las que se ubican los letrados defensores (en total 38) y el Ministerio Público. Y en frente los 117 acusados, que están sentados ordenados por número para evitar que haya equivocaciones (la mayoría comparten apellidos).
El día elegido para el comienzo de la vista fue precisamente ayer para que no coincidiera con la celebración de las clases (era puente y no había alumnos en la facultad). En cualquier caso la jornada se desarrolló con normalidad y sin incidentes, salvo dos llamadas de atención de la presidenta de la sala, María Félix Tena, a los imputados, a los que amenazó con desalojar si no dejaban de reír o de grabar con el teléfono móvil. La sesión empezó con la lectura de los delitos que se le imputan a cada uno de los acusados (blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal) por parte de la presidenta de la sala. Todos se declararon inocentes ante el tribunal.
Después los letrados defensores (ayer había 27) plantearon cuestiones previas, que se resolverán la semana que viene, por lo que se espera que la declaración de los acusados no comience hasta, al menos ,el lunes 23 de octubre. Está previsto que el juicio dure unos seis meses (puede que incluso más) y se desarrollará en tres sesiones semanales (lunes, martes y miércoles). En cada una declararán cinco imputados. No es necesario que todos los acusados acudan a todas las jornadas del juicio, por lo que se espera que el resto de las sesiones no estén tan controladas.
LOS HECHOS / El Ministerio Público les acusa de blanquear en total 13 millones de euros procedentes de la venta y distribución de estupefacientes entre 2005 y 2014. Considera que todos ellos han disfrutado de un nivel de vida elevado que no se corresponde con su capacidad económica. Así, para dificultar que se identificara que ese dinero provenía del tráfico de drogas, el Fiscal cree los acusados, relacionados familiarmente, estaban organizados en forma piramidal. La banda la encabezaban los cabecillas y titulares de los fondos, seguidos de los encargados de introducirlos en el circuito financiero, de los titulares o autorizados de las cuentas bancarias o productos financieros y de los encargados de realizar los reintegros.
Abrieron cuentas corrientes, muchas a nombre de menores de edad (a nombre de un niño de 8 años figura una cuenta de 300.000 euros). Unas eran consideradas «cuentas puente», en las que nada más ingresar el dinero se traspasaba a otras en otras entidades bancarias o bien se retiraba en efectivo. Algunas de ellas se dedicaban para adquirir préstamos y otras para invertir.
DE DOS A CUATRO años / Las cuentas permanecían abiertas entre dos y cuatro años. Después se cancelaban mediante disposiciones en efectivo o transferencias a otras cuentas del grupo, con el objetivo de dificultar su seguimiento. No se conoce, añade el fiscal, el destino de estos fondos, aunque sí se ha comprobado la adquisición de bienes inmuebles y de vehículos.
Todas estas operaciones se realizaban siempre bajo la supervisión de los cabecillas de la trama, Ángel Silva Vargas (conocido como El Johnny y en prisión implicado en un tiroteo que hubo en Plasencia el pasado agosto) y Fernando Vázquez Vargas, pastor de una iglesia evangelista de Plasencia. Las cuentas además se abrían sin que las entidades bancarias «supervisasen suficientemente» los datos que aportaban los acusados. La mayoría de las veces les preguntaban a qué se dedicaban y respondían que el dinero procedía de la venta ambulante o de la comercialización de chatarra.
Así el Ministerio Público solicita para los dos cabecillas nueve años y medio de prisión (siete y medio por blanqueo y dos por pertenencia a organización criminal). Para el resto pide ocho años de cárcel (seis por blanqueo y dos por pertenencia a organización criminal). Y solicita además multas que superan en total los 32 millones de euros (a algunos les pide una sanción de millón y medio de euros).
