En junio de este año el gobierno municipal acordó solicitar al juzgado que ejecutara la sentencia que obliga a Ana Belén Garrido a desalojar los dos locales que ocupa en la plaza de San Jorge. La orden no se ha hecho efectiva hasta ahora, cuando el Juzgado de Instrucción Número 5 ha enviado una orden de desahucio que deberá cumplir en un plazo máximo de 20 días; ella se opondrá. Se trata de un auto provisional, a la espera de que el Tribunal Supremo dicte una resolución al respecto. Este proceso de desahucio comenzó en el año 2014 y acabó en los tribunales. La primera sentencia solo dio en parte la razón al ayuntamiento, reconocía la resolución del contrato, pero no obligaba al desahucio. La segunda, que dictó la Audiencia, sí admitió la posibilidad de desalojar a la arrendataria. Ahora está en el Supremo. El portavoz municipal, Rafael Mateos, dijo ayer que «el Supremo debe pronunciarse, pero eso no es óbice para que se ejecute la sentencia».
