Se trata de una norma controvertida que además va ‘in crescendo’ en lo que se refiere a las sanciones. Los cacereños pagaron durante 2018, último ejercicio analizado por el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, un total de 1.831.320 euros en multas correspondientes a distintas violaciones de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’. Fue el año con más sanciones, un total de 3.259, y también de mayor cuantía en las multas

Esta norma supuso la revisión más profunda de la justicia penal española desde la reforma del Código Penal de 1995. Entró en vigor en 2015. Desde entonces, las cifras no han hecho más que crecer. Dejando al margen la primera anualidad (comenzó a aplicarse en verano), ya en 2016 se registraron 2.533 multas que supusieron un desembolso de 1,4 millones por infracciones en la provincia de Cáceres. En 2017, las sanciones se elevaron a 2.850 y la cuantía a 1,6 millones. Ya en 2018, el aumento fue del 14 % en un solo año en el número de multas, y del 12 % en el importe de las mismas.

Lo que hace la ‘Ley Mordaza’ es considerar como ‘infracciones administrativas’ ciertos comportamientos que antes eran punibles en el ámbito penal, de modo que ahora no tienen que llegar a los juzgados para ser sancionados, aunque sí pueden recurrirse en los tribunales. No se trata de infracciones especialmente graves (en cuyo caso seguirían la vía penal), sino de hechos menos trascendentes castigados en el ámbito administrativo. Y ahí viene la polémica. Algunos sectores consideran que un agente de policía no es quien para suplantar el trabajo que venían haciendo los jueces.

ESTUPEFACIENTES, EN ALZA / Sea como fuere, si analizamos las tipologías, la mayor cantidad de multas relacionadas con la ‘Ley Mordaza’ en la provincia de Cáceres se interpusieron en 2018 por hechos relacionados con drogas, con un total de 1.873 sanciones que han sumado un importe de 1,2 millones de euros. Estas infracciones no paran de crecer desde el inicio de la ley, ya que han experimentado un alza del 30% en solo un año, que se ha traducido en un incremento similar en la cuantía.

Dentro del apartado de los estupefacientes, la gran mayoría de las sanciones vinieron motivadas por el incumplimiento del artículo 36.16, que penaliza «el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estén destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos o efectos empleados para ello en los citados lugares».

Tres multas más se aplicaron por el artículo 36.17, que sanciona «el traslado de personas con cualquier vehículo, con el objeto de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas». Y otras 19 infracciones se cometieron por violentar el artículo 36.18, que prohíbe la plantación de drogas en lugares visibles al público. Hubo una multa más en virtud del artículo 36.19, que sanciona a los locales que toleren el consumo ilegal o el tráfico de drogas. Hay que reiterar que en todos estos casos fueron infracciones leves, ya que las más graves son consideradas delitos y pasan a los juzgados.

CONTRA LA AUTORIDAD / También destacan las multas por violar el artículo 37.4 de la ‘Ley Mordaza’: incurrir en faltas de respeto y consideración, cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones. En Cáceres se registraron 391 sanciones de este tipo durante 2018, que supusieron 65.301 euros, pero es cierto que disminuyeron un 12%. Además, hubo 275 infracciones contra el artículo 36.6, que penaliza la desobediencia a la autoridad o a sus agentes, como la negativa a identificarse o la aportación de datos falsos o inexactos. Estas multas supusieron 170.880 euros, y también cayeron un 11,5%.

ARMAS / Por otro lado, aunque se mantienen por debajo de las anteriores, también aumentan las faltas relacionadas con las armas y el uso incorrecto de explosivos, o su fabricación, reparación, transporte y distribución cuando se incumpla la normativa. Estas sanciones han pasado de 288 a 346 en un año en la provincia de Cáceres, un aumento parejo a su cuantía, que se ha elevado de 177.308 a 216.000 euros.

DESMANES EN LA VÍA PÚBLICA / De otra parte, se interpusieron 185 denuncias en virtud del artículo 36.3, por causar desórdenes en la calle, espacios y establecimientos, u obstaculizar la vía pública con distintos objetos ocasionando una alteración grave de la seguridad ciudadana. Los sancionados pagaron 113.469 euros.

Dentro de esta ley se regulan otras muchas normas. Por ejemplo, en Cáceres hubo 74 sanciones (17.200 euros) por el artículo 37.16, que prohíbe dejar sueltos a animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones que pueda peligrar su vida.