Si el concurso para la gestión del abastecimiento y la depuración del agua se convocase ahora, Canal de Isabel II no se presentaría. En Cáceres, un servicio que es público, como es el suministro de agua, se sacó a concesión y lo gestiona una empresa que también es pública pero de otra comunidad, de Madrid, y que se rige para las contrataciones por los mismos procedimientos que una administración, que en teoría son más transparentes y objetivos, pero que también son mucho más lentos, lo que explica en parte los expedientes abiertos en estos dos últimos años a la empresa por incumplimientos del contrato de concesión.

Lo de la gestión del agua en Cáceres es un caso atípico, ya que lo normal es que la concesión vaya a una empresa privada, y es fruto de la política de expansión de la compañía de la comunidad de Madrid en décadas anteriores, proceso que se cortó tras los casos de corrupción por compras de empresas en Latinoamérica que llevaron a la detención de su expresidente, Ignacio González.

Cáceres y Lanzarote son islas en la gestión de Canal de Isabel II Gestión en España. En 2017 se llegó a difundir en medios nacionales la noticia de que la compañía se estaba planteando la venta de estas dos filiares. Su presencia en Cáceres también se explica porque Canal fue la empresa que ganó el primer concurso para la concesión del agua, fue en 1995, y la empresa que está al frente de la gestión de un servicio en concesión es luego la que tiene más posibilidades de ganar los siguientes concursos porque es la que mejor conoce el servicio. Esto pasó en Cáceres en 2015 tras el paréntesis de tres años de gestión de Acciona.

Para esta semana está anunciada una reunión entre el ayuntamiento y los responsables de la compañía. Aunque el tema del que se ha hablado estos días es de la ejecución de obras pendientes, el principal asunto del que toca hablar este año es de la revisión de la tarifa. En 2019 toca su revisión porque así se establece en el pliego de condiciones, que viene a hacer las veces de contrato, que rigió el concurso. En el mismo se indica que el concesionario podrá solicitar el mantenimiento del equilibrio económico financiero de la concesión una vez transcurridos 4 años desde el inicio de su gestión, periodo que se cumple este abril. La primera medida para restablecer ese equilibrio es la modificación de las tarifas que abonan los ciudadanos.

Esa revisión sería al alza si se tiene en cuenta que tanto Acciona como Canal ya lo pidieron antes de que se cumpliese el plazo de 4 años. En la solicitud de Canal se argumentaba que los gastos de personal eran mayores que los presentados por el ayuntamiento cuando sacó el concurso y que el agua facturada estaba por debajo. Pero si tenemos en cuenta la auditoría de control financiero hecha por Ernst & Young, aunque solo referida a 2017, ha habido más ingresos que gastos y por tanto no habría motivos para la subida. La decisión saldrá de los números que presente Canal y del examen que de los mismos haga el ayuntamiento, cuyo departamento de Inspección de Servicios ya ha avisado que necesita de más técnicos para un control más exhaustivo de los servicios en concesión.