La directiva de la Asociación de Padres y Familiares de Enfermos Mentales (Apafenes), a través de su presidenta, Felipa Malpartida, defiende su labor social y niega que existan anomalías económicas en su gestión. Responde así a las recientes declaraciones de 11 socios, entre ellos la vocal Esperanza Floriano, que a través de este diario (ver su edición del pasado 6 de abril) denunciaban supuestas irregularidades económicas y administrativas y, de forma general, falta de transparencia en la gestión.
La presidenta del colectivo ha salido al paso de las críticas de estas 11 personas, "el 4% de los socios", advierte, porque según afirma "están dañando de manera injusta nuestra imagen pública y a todos los miembros, desde trabajadores a voluntarios, colaboradores, socios... y, sobre todo, a los propios enfermos".
Tras asegurar que la relación de colaboración con las entidades e instituciones que año tras año han financiado sus proyectos, actividades, recursos y servicios "es excelente", Malpartida garantizó que la transparencia en la gestión "es total", pues de hecho, señaló, "todas han aprobado siempre todas y cada una de las justificaciones y memorias de actividades que presentamos, precisamente porque cumplimos con la transparencia, eficacia y calidad exigidas".
Y al igual que se garantiza una "total transparencia en la gestión", la presidenta, y también el gerente de la asociación, Miguel Angel Martín, aseguraron también que el colectivo mantiene "un estado óptimo de salud en la gestión de recursos", algo que consiguen, añadieron, "porque nuestro principio como entidad es presentar solo proyectos reales, coherentes y viables económica y técnicamente".
RECURSOS Como una prueba más de la "buena gestión" citaron el hecho de que el propio subdirector de Salud Mental y Recursos Sociosanitarios de la Junta --entidad que aporta prácticamente el 80% de su presupuesto anual, que asciende a algo más de 820.000 euros-- "ha manifestado públicamente estar absolutamente satisfecho con la gestión que realizamos de los recursos subvencionados y concertados con ellos". En concreto, apuntó la presidenta, el programa de Rehabilitación Laboral y el Centro Residencial de Rehabilitación que la asociación tiene en Cáceres "son pioneros en nuestra comunidad, considerados ejemplos de proyecto social".
En cuanto al reparto entre los empleados de 80.000 euros, que los 11 socios "disidentes" han criticado por considerar que al ser una asociación sin ánimo de lucro no es ético que ese dinero se destine a incentivos para los trabajadores en lugar de a mejorar servicios o a la atención a los enfermos, Malpartida aclaró que "esos 80.000 euros no han sido un premio por el trabajo bien hecho, sino una regularización salarial puntual de 28 trabajadores, para los que han supuesto un incremento de 102 euros trabajador por mes trabajado". Además, hizo constar, se trata esta de una actuación "que no constituye ningún tipo de anomalía como sostiene este grupo crítico de socios, pues fue aprobada por la junta directiva, en el 2005 por unanimidad (incluyendo la vocal que ahora denuncia), y en el 2006 sin su voto".
Aseguró, para concluir, que en su afán por resolver las diferencias con "el grupo crítico" y clarificar sus dudas "hemos intentado dar las explicaciones que se nos han requerido, pero no han sido aceptadas". Con todo, señaló: "Lo más importante es que las personas con enfermedad mental y las familias que atendemos estén satisfechas, algo que estamos seguros ocurre".
