El Instituto de Estudios Heráldicos y Genealógicos de Extremadura sigue considerando "necesario y urgente" que se paralicen los trabajos de retirada del escudo de España de la fachada del Palacio de la Audiencia, sede del TSJEx.
Por ello, ante el ´revés´ que ha supuesto la primera decisión judicial que se ha adoptado, la de no acordar la medida cautelar de "paralización inmediata" que solicitaban en la denuncia presentada el lunes, el citado colectivo entregó ayer a la fiscal delegada de Patrimonio una nueva documentación "para intentar conseguirlo". Lo hizo su secretario, Antonio Bueno Flores, que insistió en la consideración de que la retirada de este emblema "no procede" y quizás, añadió, "con la nueva documentación que ahora aportamos podamos demostrarlo con argumentos jurídicos".
Lo aportado es un dictamen jurídico, "muy concreto y aplicable en el caso que nos ocupa", indicó a este diario Bueno Flores, que el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valencia emitió, con fecha 20 de octubre del 2010, en respuesta a una consulta del Ayuntamiento de Valencia en relación con la aplicación del artículo 15.1 de la Ley de la Memoria Histórica.
Un concejal había presentado una moción pidiendo la retirada de todos los símbolos franquistas de los edificios y espacios públicos de la ciudad, con especial referencia a la eliminación de los escudos anticonstitucionales, y el ayuntamiento cuestionaba si los escudos oficiales de España entre 1938 y 1981 estaban o no incluidos.
En su respuesta, el citado Consejo Jurídico estima, en base a dicha Ley, que "no existe la obligación imperativa de retirar los escudos discutidos, máxime cuando, además, el legislador podría haber establecido esta obligatoriedad si así lo hubiera estimado oportuno, sin supeditarla a ciertos condicionantes". La Ley, apostilla Antonio Bueno, "podría simplemente haber establecido la obligación de retirarlos todos, sin excluir ninguno, y sin embargo en ella se matiza que se mantendrán, por ejemplo, los escudos existentes en aquellos edificios declarados monumentos histórico artísticos e, igualmente en aquellos monumentos, edificios o construcciones de cuya ornamentación formen parte sustancial o cuya estructura pudiera quedar dañada al separar los escudos".
APLICABLE Para el Instituto de Estudios Heráldicos dicho dictamen jurídico es "aplicable en su totalidad" al caso del escudo del TSJEx, "y por ello lo aportamos para reiterar nuestra petición de que se adopte la medida cautelar de suspensión de los trabajos de retirada hasta tanto se resuelve si con esta actuación se está o no incurriendo en un delito contra el Patrimonio".
La fiscal delegada de Patrimonio, Olga Suárez, admitió la nueva documentación aportada que, según indicó a este diario, "remitiremos al Juzgado al que, por reparto, corresponda la instrucción de esta causa". Será este el que habrá de resolver tanto sobre la suspensión cautelar de la retirada solicitada de nuevo, como también si quienes han ordenado los trabajos han incurrido o no en delito contra el patrimonio histórico artístico.
Precisamente a los trabajos de retirada del escudo que se vienen realizando desde el viernes se refiere el escrito que en el registro del ayuntamiento presentó, también ayer, el el Instituto de Estudios Heráldicos. Su presidente interesa en él información sobre si para los mismos se dispone de la oportuna licencia municipal de obras.
Por su parte, el historiador cacereño Antonio Barragán-Lancharro remitió ayer un escrito a la Delegación del Gobierno en el que solicita que por personal cualificado se inspeccione el estado del escudo "por los daños que hubiere sufrido el blasón durante la intervención".
