El juzgado de lo Contencioso Administrativo ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el Colegio Oficial de Arquitectos contra la designación del comité de expertos que se nombró para decidir la adjudicación de la redacción del plan especial. La revisión de este documento estaba pendiente desde hace años. El plan en vigor es de 1990. Esta norma determina qué se puede hacer y los usos urbanísticos en las 69 hectáreas que forman el casco viejo de la ciudad.

De la admisión del recurso se informó en la junta local de gobierno del ayuntamiento que se celebró el 31 de mayo. Antes el colegio ya había presentado un recurso en vía administrativa, reclamación que inadmitió la Comisión Jurídica de Extremadura. A este contrato, que salió a licitación por 278.000 euros, se presentaron tres ofertas y se propuso su adjudicación a la de Fraile Arquitectos, estudio que ya redactó el plan rector de la muralla.

En la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura se detallan los motivos de la reclamación administrativa del colegio sobre el comité de expertos. Entre las causas está que no se cumplió lo que marca la legislación, en la que se establece que todos los miembros del comité de expertos deben contar con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia.

PLIEGO ADMINISTRATIVO / Según se estableció en el pliego administrativo del concurso, el comité de expertos lo formaban el jefe del servicio de Infraestructuras del ayuntamiento, un funcionario designado por la dirección general de Urbanismo y otro funcionario nombrado por la dirección general de Patrimonio.

En el recurso administrativo que presentó el colegio profesional se cuestionaba que entre los miembros del comité no se incluyese a un arquitecto, además se apuntaba que no se cumplía el pliego del concurso porque uno de los miembros que se nombraron no era funcionario de la dirección general de Urbanismo. Otro de los argumentos que se daban en aquel recurso fue «la omisión de la obligada publicidad en el perfil del contratante».

La Comisión Jurídica de Extremadura inadmitió el recurso sin entrar en el fondo de lo que se planteaba porque entre las causas que se daban en la reclamación «no se precisa de qué manera las irregularidades expuestas afectan a los intereses profesionales que representa --el colegio--, esto es, al estatuto de la profesión». La comisión consideró que tendrían que haber sido las empresas participantes en el concurso las que «deberían hacer interpuesto el correspondiente recurso frente al acto de adjudicación». Además de la propuesta de Fraile Arquitectos, a esta licitación también se presentaron la consultora Gedine y una unión temporal de empresas.

Ahora el juzgado puede entrar en el fondo sobre si la composición del comité de expertos que debía valorar las ofertas era la adecuada y determinar qué efectos puede tener en la adjudicación del contrato, que ya se ha iniciado, dado que los técnicos de Fraile Arquitectos han empezado con la redacción de la revisión del plan especial. El plazo de ejecución es de veinticuatro meses.

Entre los argumentos del colegio en la demanda interpuesta ante el juzgado se precisa que el comité de expertos estuvo formado por un ingeniero de Caminos, una arqueóloga y un licenciado en Derecho y por tanto sorprende que en un procedimiento cuyo objeto es la redacción de un plan urbanístico no hubiese expertos especialistas en la arquitectura y el urbanismo.

Además también se argumenta que no solo se incumplió el pliego de condiciones del concurso al omitirse «la obligada publicidad a través del perfil del contratante», sino que además no hubo una designación correcta de la composición de los miembros del comité, dado que no se cumplió la condición de que uno de ellos fuese funcionario de la dirección general de Urbanismo.

Además, el colegio profesional denuncia un incumplimiento de la ley de contratos del sector público, ya que establece que todos los miembro del comité contarán con la cualificación profesional adecuada en razón de la materia sobre la que verse la valoración de las ofertas, requisito sobre el que «no es difícil concluir que no se cumple en los componentes del comité de expertos».

LEGISLACIÓN / También se incide en el recurso ante el juzgado en que no se ha seguido la ley de contratos porque no se cumplió la obligación de que la designación de los miembros del comité de expertos se diese a conocer y se publicase en el perfil del contratante del ayuntamiento con carácter previo a la apertura de la documentación de las empresas.

Dentro del plan especial está todo el casco viejo. Su límite por el este es la Ribera del Marco, por el oeste es San Antón y el hospital provincial, por el norte es el barrio de San Blas y la plaza de toros, mientras que por el sur es San Francisco. De sus 69 hectáreas, nuevo corresponden a la parte antigua.