La Audiencia Provincial de Cáceres comenzará mañana el macrojuicio por blanqueo de capitales con más acusados de España, que sentará en el banquillo a 117 inculpados que serán defendidos por 38 abogados.
A todos ellos, de etnia gitana y miembros de varios clanes familiares, se les acusa de blanquear cerca de 13 millones de euros procedentes de la venta de drogas a través de numerosas cuentas corrientes de las que eran titulares.
Para poder celebrar el juicio, se ha tenido que buscar una ubicación fuera de la Audiencia y adaptarla a este fin, siendo el salón de actos de la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de Cáceres el lugar elegido.
Se trata de un récord en cuanto al número de acusados por esta causa, pero no se espera que supere en el tiempo a otras casos como el de "Malaya" que duró cerca de dos años y que sentó en el banquillo a 86 acusados, 31 menos que los de Cáceres, o el de la primera fase de la Gürtel que con 37 procesados ha superado ya el año.
El origen de la investigación está en los servicios centrales de una entidad bancaria, que alertó a la Agencia Tributaria de los movimientos continuos y de grandes cantidades de dinero que se estaban realizando en algunas sucursales de Extremadura.
Se han investigado los movimientos de cuentas de estas familias entre los años 2005 a 2014 y se ha comprobado, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, que las cuentas abiertas, las imposiciones a plazo y otros productos bancarios permanecían vigentes de dos a cuatro años.
A continuación las cancelaban mediante disposiciones de efectivo de considerable importe o mediante traspasos o transferencias a otras cuentas del grupo.
Con esta acción, señala el Ministerio Fiscal, se pretendía dificultar el seguimiento del dinero, que había veces que se usaba para comprar viviendas o vehículos de alta gama.
El Fiscal llama la atención además en que los acusados, a pesar de carecer de ingresos o ser estos mínimos, "han disfrutado de un nivel de vida elevado que no se corresponde con su capacidad económica".
En cuanto a su organización, señala que tenían una estructura y reparto de tareas en forma piramidal, encabezada por los titulares de los fondos, seguidos de los encargados de introducirlos en el circuito financiero y, por último, los titulares y/o autorizados de las cuentas bancarias o productos financieros.
El fiscal tiene previsto solicitar para dos de los acusados nueve años y medio de prisión, y para el resto, ocho años de cárcel para cada uno.
Muchos de estos acusados ya han sido condenados por delitos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.
Todos son de etnia gitana, de varios clanes familiares, y la mayoría viven en el barrio de San Lázaro de Plasencia, aunque también hay alguno de Cáceres, Navalmoral y Madrid.
En un principio, está previsto que el juicio dure unos seis meses con tres sesiones a la semana y que cada día declaren cinco acusados, por lo que las declaraciones durarían dos meses.
Muchos de los abogados proceden del turno de oficio y el decano del Colegio de Abogados de Cáceres, Carmelo Cascón, ya anunció que se solicitaría al Ministerio que aumente el pago que recibirán estos letrados, para que no les perjudique económicamente realizar esta tarea dada la amplitud y complejidad de la causa.
Para los periodistas que se han acreditado para cubrir la información del juicio se ha habilitado la parte superior del salón de actos. Habrá varias pantallas por las que se podrá ver el juicio.
Agentes de la Policía Local serán los encargados de controlar el tráfico y la Policía Nacional vigilará la zona para que todo transcurra con normalidad a lo largo de este macrojuicio. EFE
